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En el marco del debate sobre la eficacia de las medidas de protección a víctimas de violencia contra la mujer en nuestro país, la ex defensora general Lorena Segovia hizo hincapié en la necesidad urgente de priorizar un mayor uso del dispositivo electrónico de control, conocido como tobillera electrónica, como una solución inmediata para resguardar la vida e integridad de las víctimas.
Segovia explicó que el mecanismo tecnológico contempla un funcionamiento conjunto e integral.
“Por un lado, está la tobillera que hace monitoreo del agresor y que permite que este sistema le avise a la víctima, así dice el protocolo de utilización de este dispositivo, le avisa a la víctima si el agresor ha cruzado el perímetro prohibido o si se acerca a la zona prohibida, donde no puede ingresar”, precisó.
Según la ex defensora, a la víctima se le entrega un dispositivo celular equipado con un botón de pánico que le permite comunicarse de forma inmediata con la oficina de monitoreo y control en caso de detectar la presencia del agresor en su cercanía.
Poco uso. Pese a que la herramienta está reglamentada y disponible para su uso, la ex defensora general lamentó una preocupante subutilización de dicha tecnología.
Según datos públicos presentados en el informe de gestión presidencial de 2025, el Ministerio del Interior dispone de 1.000 tobilleras electrónicas y en alguna ocasión, se habló de la posibilidad de disponer unos 3.000 aparatos.
Sin embargo, Segovia refirió que de un total de 237 dispositivos aplicados por el Estado, actualmente solo 52 tobilleras están siendo utilizadas efectivamente para casos de “violencia de género e intrafamiliar” dentro del sistema judicial.
De manera a garantizar que estas medidas de alejamiento sean realmente efectivas cuando existe un riesgo elevado, Segovia planteó algunas acciones, como la de implementar formalmente en los juzgados de paz la ficha y el manual de evaluación de riesgo para “categorizar el peligro en bajo, medio o alto antes de otorgar las medidas”.
Además, de solicitar y otorgar prioritariamente el uso de tobilleras electrónicas en aquellos casos donde el nivel de riesgo amenaza la vida de las mujeres. También asignar presupuesto, infraestructura y tiempo para que los juzgados puedan realizar un seguimiento continuo de las medidas otorgadas, adaptándolas si la situación de la víctima lo requiere.
Fallas. El uso de tobillera electrónica no siempre es infalible, una de las notables fallas que registró la Policía Nacional ocurrió con el dispositivo que llevaba puesto Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, alias Chule, imputado por el crimen de Rebeca Martínez y el ataque a Carolina Aguilar ocurrido el lunes 28 de septiembre de 2026, en Eusebio Ayala.
El hombre utilizaba una tobillera electrónica al momento del ataque por una causa previa por robo de vehículos.
Sin embargo, Clodomiro cortó la tobillera el 1 de octubre de 2026, a las 10:15, en Ypacaraí, para huir luego de enterarse por los medios de comunicación que estaba siendo buscado por el crimen. El dispositivo emitió una alerta de manipulación a las 10:12 y perdió la señal GPS por completo a las 10:15, por lo que las autoridades empezaron a movilizarse tras recibir la señal de destrucción del aparato.
Sin embargo, el inconveniente surge posteriormente al hecho, ya que una vez identificado Clodomiro en el ataque mortal, tras la verificación de imágenes, el hombre no pudo ser ubicado mediante el aparato. En aquel momento, la interrogante principal fue: ¿Por qué el uso de la tobillera electrónica no bastó para que las autoridades lo ubicaran a tiempo?
Desde el Sistema 911 señalaron que la falla principal se ubica en el sistema Quantum de la Policía Nacional, ya que no alerta de que una persona buscada cuenta con el dispositivo y que solo se logra saber consultando al 911.
Cuestionó fallas en implementación
La diputada Alexandra Zena solicitó esta semana al Poder Ejecutivo y al Ministerio del Interior informes sobre la implementación del sistema de tobilleras electrónicas (Simdec) y el registro de denuncias por violencia familiar del 2026.
La solicitud surge tras el feminicidio de la joven Deysi, evidenciando fallas persistentes en la implementación de los mecanismos de protección a pesar de las leyes aprobadas (Nº 5863/2017 y Nº 7270/2024).
Además pidió datos exactos sobre la cantidad de tobilleras adquiridas, cuántas están operativas a nivel nacional y las fallas o alertas detectadas por la Oficina de Monitoreo (OMDEC).
La legisladora también apuntó a la falta de recursos humanos dentro del Ministerio Público, que según los datos mencionados por la directora Elida Fávole, de la Fiscalía, cuenta con apenas 70 psicólogas para atender entre 140.000 y 150.000 víctimas de distintos hechos.
Citando a Fávole, directora de Género del Ministerio Público, Zena advirtió que las evaluaciones psicológicas tardan entre 3 y 6 meses.
Señaló que la demora frena los procesos judiciales, ya que los jueces exigen dicho peritaje para ordenar la prisión preventiva.
La parlamentaria lamentó que la respuesta estatal suele llegar tarde e instó a aumentar el presupuesto y los rubros para profesionales de la salud mental, señalando que cada recurso invertido debe traducirse en herramientas operativas e ininterrumpidas para proteger a las víctimas, por lo que conocer el estado real de las tobilleras electrónicas es fundamental.
