Carlos Espinoza, quien sería otra víctima de la mafia de los pagarés, cuestionó el trabajo de la Fiscalía, que imputó a una ujier y a un oficial de Justicia, por supuestamente llevar adelante un juicio en su contra con un pagaré falso. Criticó que la jueza Civil y Comercial de Luque Patricia Samaniego y el dueño de la Ganadera San Jorge también debían ser procesados.
“Yo creo que no soy la única víctima en ese Juzgado. Y estoy seguro de que ella (la jueza) cometió algún hecho de prevaricato”, lanzó el hombre.
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El caso
Según la imputación del fiscal de Luque Orlando Paiva, tanto el oficial de Justicia René Riquelme Rodríguez y la ujier Viriana Escobar Cardozo habrían certificado que hicieron notificaciones e intimaciones de pago falsamente. A raíz de eso, Carlos Espinoza fue demandado, a pesar de haber pagado toda su deuda.
En julio del 2015, él había solicitado un préstamo de G. 22 millones a la Ganadera San Jorge, empresa donde trabajaba y en marzo de 2016, ya había abonado la totalidad del préstamo a través del descuento directo de su salario.
En mayo de ese año, se le desvinculó de la firma y se le negó la devolución del pagaré y él los demandó para que se le indemnice.
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Pasaron los años, y en plena pandemia, en el 2020 se enteró de que también se le inició un juicio y la jueza Patricia Samaniego embargó la cuenta judicial, donde estaba el dinero que había ganado de la demanda laboral.
Carlos Espinoza dijo que no participó de esa demanda, porque manifestó jamás haber sido notificado y recién tuvo acceso a las copias del expediente en el año 2021, después del pedido de embargo.
Según la imputación, las notificaciones eran ficticias, puesto que vive en la ciudad de Pilar y no en la dirección mencionada en el pagaré, que es en Asunción.
Denuncia “contradicción” entre la Corte y la Fiscalía
Según la víctima, la Corte Suprema ya administrativamente había archivado el caso, por no encontrar supuestamente irregularidad en la causa. Sin embargo, “ahora se contradicen, porque la Fiscalía le imputa a la ujier y al oficial de Justicia. Entonces sí hubo una irregularidad, por eso se le imputan”, cuestionó.
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“Es realmente decepcionante la Justicia de este país y se les imputa a los más débiles de la cadena y están todos metidos. En todos los casos de la mafia de los pagarés se les imputó al juez, al abogado, porque en mi caso, el abogado demandante es el mismo que le defendió a la empresa en el juicio laboral”, contó.
Si bien, la jueza terminó levantando el embargo y negó irregularidades en el juicio, el hombre dijo que fueron 10 años de su vida perjudicado porque estaba inhibido. “Me fundieron mi faja de crédito, todo”, recordó.
En ese lapso, incluso, a su hijo se le detectó una enfermedad y el niño tuvo que hacerse dos trasplantes de hueso. “Tuvimos que hacer pollada, de todo hicimos. Hasta hoy día seguimos con el tratamiento pero en Argentina porque aquí no tenemos absolutamente nada”, lamentó Carlos Espinoza.
Solo dos presuntos responsables
“La investigación va a ser dirigida directamente contra estas dos personas nada más”, confirmó el fiscal Orlando Paiva, refiriéndose a la ujier y al oficial de Justicia.
“Con relación a la juez Patricia Samaniego y la actuaria del Juzgado, analicé las actuaciones desempeñadas en el marco del juicio civil y no encontré ningún tipo de irregularidad en sus actuaciones. Por ese motivo es que no formulé imputación contra la magistrada ni la actuaria”, explicó el fiscal.
Tanto Viriana Escobar como René Riquelme están imputados por producción inmediata de documentos de contenido falso.
“Las notificaciones no habrían sido practicadas, habría informado falsamente sobre las diligencias realizadas y el oficial de Justicia habría certificado falsamente que realizó las intimaciones de pago y ejecutó los mandamientos de embargo”, dice la imputación en su contra.
