A nueve años del asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana y tras la reciente partida de su padre, sin hallar justicia, la Fiscalía General –a cargo de Emiliano Rolón Fernández– no avanza solo en este emblemático caso, sino en varios otros, que perpetúa con el mismo libreto de sus antecesores Javier Díaz Verón y Sandra Quiñónez.
Don Fidelino Quintana falleció la semana pasada sin haber encontrado justicia por el asesinato de su hijo Rodrigo en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, aquel 31 de marzo de 2017.
“Sufrió muchísimo sin haberse cicatrizado jamás las heridas propinadas a su alma con el crimen de su hijo Rodrigo Quintana”, dijo Nelson Chávez, ex legislador liberal.
CABO SUELTO. Y la pregunta renuente es: ¿Por qué se dice que no hubo justicia? Es que el Ministerio Público nunca investigó a fondo lo que pasó entre la noche de aquel 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril, cuando policías hicieron un allanamiento ilegal y violento en la sede del PLRA.
La primera fiscala asignada para llevar adelante la investigación fue Raquel Fernández, quien en los primeros meses hizo solo algunas diligencias, tomó declaraciones y evidencias, dejando un tendal de cabos sueltos.
La querella en ese momento representada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos exigía solicitar los cruces de llamadas de esa noche entre altos mandos policiales y políticos, para identificar quién dio la orden a la policía de atropellar sin orden judicial la sede partidaria.
La fiscala Raquel Fernández, investigadora del caso, dijo en reiteradas ocasiones que no iba a pedir el cruce de llamadas, ya que eso generaría “morbo”. También había declarado a los medios que “tener los extractos no hacen a ninguna prueba”. Finalmente, la fiscala fue enjuiciada, pero decidió renunciar al cargo ante una posible destitución en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
EL AUTOR MATERIAL. La investigación penal se dividió y se cerró de forma aparentemente selectiva, ya que el caso se centró en el suboficial Gustavo Florentín, acusado y condenado por homicidio doloso, procesado como el agente que gatilló el arma que segó la vida de Rodrigo. Fue sentenciado a 24 años de cárcel y su condena fue confirmada en segunda instancia por un Tribunal de Apelaciones.
El hecho pasó en el 2017, cuando Javier Díaz Verón estaba a la cabeza del Ministerio Público. Tras su salida, su sucesora, Sandra Quiñónez, tampoco impulsó la investigación sobre quién dio la orden, así como el actual fiscal general Emiliano Rolón, quien parece que mantiene archivada la causa. Por ello, y otros casos emblemáticos aparentemente cajoneados, su gestión es duramente criticada.
Caso Pecci: ¿Y el autor moral?
La deuda más pesada del Ministerio Público sigue siendo el caso del crimen del fiscal Pecci. Pese a que en Colombia ya se avanzó con condenas ejemplares a los autores materiales, la investigación sobre quién fue el cerebro y mandante del asesinato sigue sin resultado.
Algunos nombres citados como posibles autores morales son Jaime Franco, Miguel Insfrán y Sebastián Marset.
Stella Mary Cano y su impunidad
La ahora ex fiscala Stella Mary Cano también es uno de los nombres que no es investigado por el Ministerio Público, que tiene varias denuncias en su contra por prevaricato que no avanzan.
Una de las causas es la del ex intendente de Asunción Mario Ferreiro, quien denunció a la ex agente en enero del 2020. El caso ya pasó por diferentes fiscales, como Juan Ledesma, Osmar Legal (ahora juez), Luis Said y actualmente tiene la fiscala anticorrupción María Verónica Valdez, sin sobresaltos en la investigación.
Cano ya está imputada por presunta persecución de inocentes, tras una denuncia presentada por un estilista.
Luego de 7 meses investigan a Peña
Siete meses pasaron de la presentación de la denuncia contra el presidente de la República, Santiago Peña, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de poder y otros, para que el Ministerio Público decida abrir una investigación en su contra. El caso dormía en el despacho de la adjunta Soledad Machuca, quien recientemente abrió la causa tras un dictamen de la Contraloría.
La gran estafa de la mafia de pagarés
Si bien aparecen siete jueces procesados por el tema de la mafia de los pagarés (cinco de Asunción, una de Luque y uno de Benjamín Aceval), sospechados de integrar una trama delictiva en perjuicio de miles de víctimas, los afectados y la propia Comisión del Senado que investiga los hechos consideran que todo el esfuerzo hasta ahora es insuficiente.
Se presume que toda la trama se instaló en todos los Juzgados del país, en complicidad con funcionarios judiciales y empresas de cobranza. “Muchas pruebas ya se presentaron para demostrar que esto es la gran estafa y el llanto de tantas familias continúa en este país”, lamentan las víctimas.
Caso de los bonos de Asunción
La gestión del ex intendente de Asunción Óscar Nenecho Rodríguez es considerada como una de las grandes deudas de la Fiscalía.
Principalmente la investigación sobre los bonos, tras un reporte que emitió la Contraloría respecto del análisis de la utilización de los bonos G8 y G9. Se habla de supuesto mal uso de G. 492.000 millones, cuando Nenecho era el intendente.
El título falso de Hernán Rivas
El ex senador Hernán Rivas, aparte de haber obtenido un presunto título falso como abogado, fue beneficiado durante tres años con la falta de investigación por parte de la Fiscalía, y en un segundo caso fue sobreseído. Finalmente, esto fue revocado y debe ir a juicio.
Esto, tras la denuncia presentada ante la Fiscalía en junio del 2020 del supuesto título falso, solo un día después de que haya retirado el documento de la Universidad Sudamericana.
Sin embargo, el caso quedó paralizado en la Fiscalía Adjunta, en manos de Soledad Machuca, quien recién decidió abrir una causa en el 2023, cuando el caso ya podría haber estado prescripto y nadie hizo nada.
