Sobre la reciente decisión de los Estados Unidos de clasificar al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) bajo el estatus jurídico de organizaciones terroristas extranjeras, que fue celebrada por las autoridades de seguridad de nuestro país, debido al fortalecimiento en la lucha contra estas facciones con esta disposición; sin embargo, la situación fue duramente cuestionada por la abogada y ex ministra de Justicia Cecilia Pérez, quien cuestionó las estrategias contra el crimen organizado y su efectividad.
Además, remarcó que esta calificación de terroristas a ambos grupos criminales ya fue asignada por el Paraguay desde el 2024, aunque no hubo cambios sustanciales. Además, denunció la falta de resultados concretos en la lucha contra el lavado de dinero.
“Paraguay ya hizo lo propio en octubre de 2024. ¿Qué cambió desde entonces? Absolutamente nada. Al contrario, y, sin embargo, hoy se anuncian medidas”, publicó la abogada en su cuenta de X.
En ese sentido, remarcó que “lo que se acumuló desde aquella declaración paraguaya no fueron operativos exitosos. Fueron blanqueamientos sin consecuencias, causas desestimadas con llamativa velocidad y ausencia total de acciones reales. La etiqueta existió. El combate, no”.
Puntualizó que en los chats del diputado colorado fallecido Eulalio Lalo Gomes “dejaron evidencia documentada: vínculos entre el PCC y funcionarios del sistema judicial. Operadores que protegieron causas, desviaron investigaciones, garantizaron impunidad. Todo servido. Los casos derivados no llegan a los dedos de una mano”.
También expuso que “el caso (Sebastián) Marset lo ilustra con precisión. Escapó por filtraciones dentro de la propia Fiscalía. Los responsables nunca fueron sancionados. Siguen en sus cargos, con el mismo acceso a información sensible que tenían cuando avisaron”.
“Pero esos mismos operadores no actuaron solo en la fuga de Marset. Aparecen también operando junto a Lalo Gomes en la protección de causas dentro del JEM (Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados). No es una filtración aislada. Es una red probada en múltiples frentes. Sin una sola consecuencia”.
Sobre el punto, denunció que “en la Senad, en la SNI y en la Seprelad, el organismo creado específicamente para prevenir el lavado, permanecen personas con vínculos directos o de parentesco con Lalo Gomes y su esquema en cargos relevantes con manejo de información crítica”.
Al respecto, la abogada ironizó que “sobre esa estructura se anuncian hoy las nuevas medidas para cortar el financiamiento y el lavado del PCC y el CV. La pregunta es inevitable: ¿con qué Estado se ejecutan esas medidas, si quienes están dentro son parte del problema documentado?”.
También descalificó “la ‘inteligencia’ mientras tanto funciona para titulares: drones ventilados públicamente, requisas anunciadas con luces, todo en la “máxima” donde el PCC intenta matar al socio de Marset, para que después se responda que no se puede hacer nada por falta de ley”.
Entretanto, cuestionó que “la unidad élite que logró resultados reales –A Ultranza PY– fue desarticulada por etapas. Primero los expulsaron. Luego una reinvitación cosmética. Luego los volvieron poco operativos. No fue un accidente institucional. Fue una decisión”.
Asimismo, resaltó que el fiscal “Deny Yoon Pak llegó a la condena de Erico Galeano a pura firmeza, resistiendo presiones que en este país han silenciado carreras. El premio fue su desplazamiento. En su lugar pusieron a Aldo Cantero. El mensaje institucional no puede ser más claro”.
Por ello, la ex ministra señala que “prevenir financiamiento y lavado requiere exactamente lo que Paraguay demostró no querer hacer: fiscales independientes, jueces sin compromisos, organismos sin operadores de las redes que se dice combatir. Nada de eso cambió con la declaración propia”.
Por último, Pérez menciona que “la declaración de EEUU no es mágica. Paraguay ya tuvo su declaración. La pregunta no es qué se anuncia, es quién lo ejecuta, y si alguien en el poder tiene verdadero interés en que algo cambie”.
- “El caso Marset lo ilustra con precisión. Escapó por filtraciones dentro de la propia Fiscalía. Los responsables nunca fueron sancionados”.
