Tras culminar la audiencia preliminar, además de la elevación a juicio oral, el magistrado de Delitos Económicos le dio el trámite de oposición al pedido de suspensión condicional del procedimiento para cinco acusados y condenó a dos años con suspensión a un acusado.
En su resolución, el juez rechazó el pedido de los fiscales Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, de incluir como testigo del procesado Líder Benegas, para quien fue el que declaró que llevó G. 25 millones a la ex jueza en una caja de zapatos.
Según señaló, no se había estudiado aún el pedido, por lo que era aún procesado, y no correspondía que sea incluido como testigo.
Después, Otazú rechazó el sobreseimiento definitivo de la ex jueza Liliana González de Bristot, que había sido requerido por la defensa a cargo del abogado Mario Elizeche González. Dictó igual resolución con respecto a los ex actuarios judiciales.
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Admitió la acusación planteada por la Fiscalía donde detalló el esquema de la presentación de las demandas ejecutivas, que no eran notificadas a los deudores, pero con informes falsos el proceso continuaba y así llegaban a sentencia de remate. Con ello, entendió que la causa debía ser juzgada en juicio oral y público.
De este modo, afrontarán juzgamiento público la ex magistrada de Paz Liliana González de Bristot, además de los ex actuarios Miguel Ángel Rolón, Gloria Mariel Martínez y Liz Ortiz.
Asimismo, irán a juicio los abogados Cynthia Raquel Gaona Acuña, de la firma Litoral Trading SRL; Aníbal Cino Isnardi y Gerardo Stockel Duarte, representantes de Nexo SA; Mario Gabriel Rojas Ayala, por la Cooperativa San Cristóbal Ltda.
Igualmente, también serán enjuiciados Fátima Viola Ojeda González, en representación de Mi Paraguay SA; Eliana Rodríguez, de Carsa; y la abogada Marta Martinessi Culzoni, de la firma Chacomer SAE.
Trámite de oposición
El juez se opuso a conceder la suspensión condicional del procedimiento para el procesado Pedro Olmedo, abogado de la firma Serfin SA; Paola Vargas, ex oficial de Justicia; Líder Benegas, un ex ujier, teniendo en cuenta la repetición de su conducta.
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Además, también se opuso a la salida procesal de Félix Óscar Gill, abogado de la empresa Cobranzas Eficientes y Oportunas SA, y Carlos Agüero, representante de la empresa de cobranzas LAB SA.
Finalmente, en un procedimiento abreviado, condenó a 2 años de cárcel, pero con la suspensión de la ejecución de la pena, al ex oficial de Justicia Óscar Frutos.
Este último, para no ir a prisión, deberá pagar como reparación del daño social la suma de G. 36 millones, en un plazo de 3 años, en cuotas de G. 1 millón cada una.
