14 oct 2026

Por un crédito de G. 2 millones, ahora debe pagar casi G. 30 millones

Laura Noemí Duarte, una docente de Benjamín Aceval, sacó un crédito de G. 2 millones de la empresa Crediprofe (ahora Mburuvicha Créditos), y de firmar un solo pagaré, ahora aparecieron 4 en total, de G. 7 millones cada uno, teniendo que pagar en total G. 28 millones. Incluso, ya tiene embargos solo que suspendidos hasta que puedan ingresar.

Laura Duarte, docente víctima de la mafia de pagarés.png

Laura Duarte, docente víctima de la mafia de pagarés.

La docente se declara otra víctima de la mafia de los pagarés y desde hace años se enfrenta a varias causas judiciales, tras ser engañada por los vendedores, de acuerdo a su denuncia.

En este último caso, el gestor, al entregarle los G. 2 millones de crédito a la profesora, le había dicho que los descuentos se iban a hacer vía Ministerio de Educación; sin embargo, grande fue su sorpresa al encontrarse directamente con dos causas judiciales y por ende embargos judiciales.

Las demandas las hizo Lidia Mabel Estigarribia Quintana (de la empresa Eda y Asociados y que trabajaría con otras firmas), a quien la docente dice no conocerle ni haber hecho trato con ella.

Ver más: Descubren empresa que trabajaría en usura con venta de electrodomésticos

“Como los descuentos convencionales quedan siempre en espera, optaron por el préstamo por embargo, porque tiene prioridad”, descubrió Duarte.

Ella se enteró de esas causas consecutivas (N° 701 y N° 702) en agosto del 2025, y descubrió que estas tienen los embargos suspendidos que todavía no pueden descontarle, ya que ella tiene otros altos descuentos.

Jueza no resuelve pedido de nulidad

Ambas causas tendrían irregularidades, según la docente, ya que las notificaciones se practicaron en la ciudad de Itá, Compañía costa Isla, pese a que ella reside en Benjamín Aceval, y luego en la sede del Ministerio de Educación y Ciencias.

“El ujier (Pedro Astigarraga) dijo que en varias ocasiones se fue a mi casa en Itá y que en una de esas me encontró y que me negué a firmar y que por eso se fue a llevar la notificación al MEC”, lamentó la profesora.

Pese a estas notificaciones presuntamente voladoras, la jueza de Paz de Benjamín Aceval, Zoraida Olguin, firmó los embargos.

jueza de Paz Zoraida Olguin.jpg

Zoraida Olguin, jueza de Paz.

Su defensor público Mario Delvalle encontró las irregularidades y pidió la nulidad de actuaciones. Pasaron meses y la víctima urgió a la jueza a que resuelva, pero ella sigue sin analizar y resolver.

Ver también: Víctima de mafia de pagarés denuncia a defensoras públicas y estas la desmienten

“Con la nueva Ley de Emergencia de la mafia de pagarés, ella podía declarar nulo de oficio, ya que hubo irregularidades. A mí no me mostraron los pagarés. Cada vez que me voy, la jueza no atiende, no está o está indispuesta”, denunció la docente.

Incluso, dijo que la pericia de la firma salió en su contra y habla que siente que ya no tiene garantías en las causas.

Sumario a la jueza de Paz Zoraida Olguin

Entre los antecedentes de la magistrada, quien hoy interina en Benjamín Aceval, se encuentra que ella había sido sumariada en el 2020 por, supuestamente, obligar a su actuaria a firmar un documento de contenido falso.

Más contenido de esta sección
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, se opuso a suspender a prueba el proceso para el exintendente interino de Asunción, César Ojeda, luego de que la fiscalía se allanara al pedido de la defensa. Se había ofrecido reparación del daño social por parte de los abogados del encausado. Es en el caso de los detergentes de oro.
La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, postergó para el próximo 14 de diciembre, a las 09:00 horas, la preliminar de Alexandre Rodrigues Gomes y el abogado Óscar Tuma, entre otros, por el caso de la supuesta alteración de los datos en Registros Públicos, con el fin de permitir la venta de bienes del encausado en el caso Pavo Real II.
Impactante: Entre el temor a morir en Luque y un trágico final en Minga Porã.
En La Región. “En los últimos diez años no han bajado los casos de feminicidios”, dice directora.
Trágico. “Estamos ante una cultura general machista que va creciendo”, lamenta experta.
Un Tribunal de Sentencia condenó a tres hombres a penas de entre 10 y 25 años de prisión tras hallarlos culpables del homicidio de Richard Antonio Martínez Báez, ocurrido en la madrugada del 9 de junio de 2025, en el barrio Roberto L. Petit de Asunción.
El Tribunal avaló las pruebas y tesis presentadas por la fiscal Fátima Girala, que fundamentó la responsabilidad penal individualizada según la naturaleza del aporte de cada acusado en la agresión mortal.
El pleno de la Corte sentó postura sobre que los actuarios judiciales están obligados a recibir los escritos que presentan las partes, ya que es la materialización del derecho a peticionar a las autoridades. Esto, ante las quejas recurrentes de los abogados sobre que los actuarios judiciales no reciben los escritos. Se habla de sumarios.