En una anterior preliminar, los fiscales Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce habían requerido para ambos encausados la suspensión condicional del procedimiento, ya que estos procesados habían colaborado para la investigación.
Sin embargo, en aquella ocasión, el juez Humberto Otazú le dio trámite de oposición. Después, la fiscala Adjunta, Soledad Machuca, presentó acusación contra los ex ujieres Édgar Fabián Ayala Melo y Alfredo Samudio Benítez y pidió que sean juzgados en juicio oral.
Esta mañana se realizó nuevamente la preliminar para estudiar el pedido de juicio oral del Ministerio Público.
Sin embargo, los abogados de la defensa solicitaron la aplicación del procedimiento abreviado, con una condena de 2 años de cárcel, pero con la suspensión condicional del proceso.
Ante esto, la Fiscalía se allanó al pedido, con lo que, tras estudiar los requerimientos, el juez de Delitos Económicos, finalmente, condenó a los dos ex ujieres a la citada pena de dos años de encierro, pero con la suspensión condicional del procedimiento.
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Como medida de reparación del daño social, Alfredo Samudio deberá donar la suma de G. 150 millones en un plazo de 3 años, para entidades de beneficencia a ser designadas por el Juzgado, según explicó el abogado Eduardo Franco.
Además, respecto a Édgar Fabián Ayala, deberá donar la suma de G. 200 millones dentro del plazo de 3 años, para entidades de beneficencia a ser designados por el magistrado.
Los dos ex ujieres se desempeñaban como ujieres del Juzgado de Paz de La Catedral, 2° Turno, de la capital, que estaba a cargo de la ex jueza de Paz, Nathalia Garcete, quien debe afrontar juicio oral y público.
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Según la acusación de la fiscala Adjunta, que los dos aceptaron, dentro del marco de juicios ejecutivos tramitados en el Juzgado, ambos elaboraron informes a través de los cuales manifestaron que se constituyeron en los domicilios de las personas demandadas y que las notificaron de las demandas. Sin embargo, tales notificaciones no fueron efectuadas.
A raíz de estos informes, la actuaria informaba a los jueces que se cumplieron con los trámites del expediente, para luego continuar con los juicios ejecutivos contra las víctimas.