Mafia de los pagarés: Fiscalía imputa a 63 personas, entre ellos, jueces, actuarios y abogados

Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero presentaron este viernes la imputación contra cuatro jueces de paz de la capital (y una ex jueza), por la comisión de los supuestos hechos punibles de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.

Entre los imputados están los jueces de paz Carmen Analía Cibils Miñarro, de Encarnación; Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, de la Catedral 2° Turno; Víctor Nilo Rodríguez Acosta, de la Recoleta; y la ex jueza Liliana Mabel González de Bristot, de San Roque.

Mientras que, entre los actuarios figuran Miguel Rolón, Gloria Martínez y Liz Ortiz, del Juzgado de Paz de San Roque; Martina Rivela y Ricardo Cuevas, del Juzgado de Paz de Encarnación; Olivia Mosqueda y Pablo Cabrera, del Juzgado de Paz de la Catedral 2° Turno; y Gloria Morínigo y Rosa del Pilar Lezcano, del Juzgado de Paz de la Recoleta, entre otras personas.

En total, unas 63 personas fueron procesadas, informó en la noche de este viernes el Ministerio Público.

Además, la imputación abarca a los actuarios judiciales, como presuntos cómplices en el prevaricato, producción y uso de documentos públicos de contenido falso; así como a los ujieres notificadores de los juzgados de Paz de La Encarnación, La Recoleta, Catedral del 2° turno y San Roque, todos de Asunción; por la presunta comisión, como autores, de producción de documentos públicos de contenido falso y complicidad en el prevaricato.

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También a abogados vinculados con empresas de cobranzas por los supuestos hechos punibles de instigación al prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso; y, por último, a oficiales de Justicia, por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

Recusan al equipo fiscal

Cabe señalar que una persona sindicada en la causa abierta con relación a las actuaciones del Juzgado de Paz de la Catedral del primer turno, presentó este viernes recusación del equipo fiscal interviniente en esta causa, lo que lleva al equipo investigador a elevar informe sobre la causal invocada para que la superior jerárquica, la adjunta María Soledad Machuca, resuelva sobre la procedencia o no de dicha recusación.

Informe de auditoría revelan inconsistencias

Los antecedentes del caso surgen a partir del informe de auditoría elaborado por equipos técnicos, que examinaron expedientes de los distintos juzgados de Paz.

Se identificaron numerosas inconsistencias, como notificaciones supuestamente realizadas por ujieres en la misma fecha y horario, incluso en ciudades diferentes, así como mandamientos diligenciados por oficiales de justicia en condiciones similares.

Allanamientos de juzgados y análisis de documentos

En base a la información remitida por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público solicitó órdenes de allanamiento para cinco Juzgados de Paz de la capital.

Desde ese momento, el equipo fiscal procedió al análisis documental exhaustivo, revisando resoluciones, escritos, nombres, fechas, horarios y localidades.

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Este trabajo permitió concluir preliminarmente sobre la existencia de hechos punibles y la presunta participación de personas vinculadas a juzgados de Paz y auxiliares de Justicia.

¿Qué hacían los jueces, actuarios y ujieres?

Entre los hechos atribuidos, se señala que jueces habrían dictado resoluciones judiciales contrarias a derecho, beneficiando a empresas actoras (especialmente de cobranzas), incluso cuando sabían que las notificaciones para reconocer firmas y oponer excepciones no se habían realizado.

En muchos casos, los procesos avanzaban hasta llegar a sentencias definitivas de remate y embargos con descuentos compulsivos de salarios.

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Los actuarios, por su parte, habrían contribuido elevando informes procesales indicando falsamente el cumplimiento de notificaciones, aun cuando estas coincidían en tiempo y espacio imposibles o incluso eran notificadas en días inhábiles.

Abogados vinculados habrían instado el avance de procesos, pese a conocer que las diligencias no se realizaron conforme a la ley, afectando garantías como el derecho a la defensa y el principio de igualdad procesal.

Asimismo, ujieres y oficiales de Justicia habrían reportado falsamente la realización de diligencias que, en los hechos, no ocurrieron.