La reforma del servicio civil en Paraguay, impulsada por la Ley N.º 7445/2025, no solo busca reforzar los principios de mérito, igualdad y publicidad en el acceso a la función pública, sino que también abre el debate sobre un elemento central para garantizar su cumplimiento efectivo: la necesidad de un sistema de arbitraje independiente para resolver reclamos e impugnaciones en los concursos.
De acuerdo con el análisis de la asociación sin fines de lucro Horizonte Positivo, un Sistema de Denuncias o reclamos será creíble solo si existe una clara separación de funciones entre los órganos que organizan y deciden los concursos y aquellos que evalúan las denuncias. En otras palabras, quienes administran los procesos de selección no deberían ser los mismos que juzguen eventuales irregularidades.
La Ley 7445/2025, en su artículo 129, asigna al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la coordinación con la institución responsable de las políticas de transparencia e integridad —hoy en manos de la Contraloría General de la República tras la absorción de la Secretaría Nacional Anticorrupción— para implementar un mecanismo que reciba denuncias, incluso de forma anónima y segura. Sin embargo, hasta el momento, no existe un decreto que reglamente cómo funcionará este sistema ni qué instancia actuará como árbitro final.
El documento resalta que en la región existen experiencias que pueden servir de referencia. En Perú, por ejemplo, las impugnaciones a los concursos son evaluadas por el Tribunal del Servicio Civil, un órgano independiente del Comité de Selección que lleva adelante los procesos, lo que fortalece la confianza de los postulantes y reduce el riesgo de conflictos de interés. Colombia, a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, también cumple un rol arbitral en los reclamos presentados en su plataforma SIMO.
Horizonte Positivo subraya que ofrecer múltiples canales de reclamo —tanto físicos como digitales— para funcionarios de carrera que buscan ascensos y para candidatos externos, bajo las mismas reglas, es parte de las buenas prácticas. Pero advierte que sin un árbitro independiente, incluso los mejores canales pueden perder legitimidad.
Otro aspecto clave es que, siempre que la normativa lo permita, los reclamos y sus resoluciones deben agotarse en la vía administrativa. Esto evitaría que los procesos terminen judicializándose, con el riesgo de demoras prolongadas o incluso la suspensión de concursos, lo que afecta la provisión oportuna de cargos en el Estado.
En este contexto, desde la organización indican que el desafío para Paraguay no pasa solo por habilitar un Sistema de Denuncias, sino por definir con claridad quién tendrá la última palabra y bajo qué procedimientos. Para Horizonte Positivo, avanzar hacia un esquema de arbitraje independiente sería un paso decisivo para que los principios de mérito, igualdad y publicidad dejen de ser solo enunciados legales y se traduzcan en prácticas efectivas dentro del servicio civil.
