14 oct 2026

Mafia de los pagarés: Abogados de empresas de cobranzas van a juicio oral

Dos abogados de las empresas de cobranzas y un oficial de justicia irán a juicio oral en otra de las causas de la mafia de los pagarés, específicamente respecto al Juzgado de Paz de La Catedral, según dispuso esta mañana el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.

OTAZU.jpg

A juicio. El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú elevó a juicio oral el caso contra tres acusados por el caso de mafia de los pagarés.

Foto: Archivo.

Con la resolución, irán a juicio oral y público los abogados Carlos Neffa Persano, de la firma Gestiones y Cobranzas SA, y Juan Alberto Bogado, de la firma de Compañía Administradora de Riesgos SA (CARSA), y el oficial de justicia Lucio Renato Sosa.

La resolución se dio esta mañana, luego de la audiencia preliminar ante el magistrado Humberto Otazú, que además rechazó varios incidentes promovidos por las defensas de los procesados.

Además, el juzgador rechazó el pedido de los fiscales Leonardi Guerrero y Belinda Bobadilla, de incluir varios testigos y documentales, debido a que no fueron agregados con la acusación del Ministerio Público.

En la audiencia, la defensa de los abogados Carlos Neffa Persano y Juan Alberto Bogado requirieron el sobreseimiento definitivo o, en su caso, el provisional, lo que fue rechazado por el magistrado.

Respecto al oficial de justicia Lucio Sosa, su defensor, el abogado Hugo López, solicitó la aplicación del procedimiento abreviado con la pena de 2 años de cárcel, pero con la suspensión a prueba de la ejecución de la condena.

Lea más: Video: En caso mafia de los pagarés, la jueza de Paz irá a juicio oral junto con otros seis procesados

Sin embargo, los representantes del Ministerio Público no estaban de acuerdo con la pena que se solicitó, ya que entienden que debe ser más elevada, por lo que tenían una pretensión punitiva diferente.

Al final, el juez rechazó también este pedido de procedimiento abreviado, aunque admitió todas las pruebas presentadas por las defensas de los acusados.

Con ello, dispuso la elevación a juicio oral y público el caso contra los tres procesados Carlos Neffa Persano, Juan Alberto Bogado y el oficial de justicia Lucio Renato Sosa.

En la misma causa, ya fue elevado a juicio oral el caso contra la ex jueza de Paz La Catedral Natalia Garcete, además de actuarios y ujieres.

Con ello, es probable que la causa sea acumulada para que se realice un solo juicio oral y público respecto a los procesados.

Más contenido de esta sección
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, se opuso a suspender a prueba el proceso para el exintendente interino de Asunción, César Ojeda, luego de que la fiscalía se allanara al pedido de la defensa. Se había ofrecido reparación del daño social por parte de los abogados del encausado. Es en el caso de los detergentes de oro.
La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, postergó para el próximo 14 de diciembre, a las 09:00 horas, la preliminar de Alexandre Rodrigues Gomes y el abogado Óscar Tuma, entre otros, por el caso de la supuesta alteración de los datos en Registros Públicos, con el fin de permitir la venta de bienes del encausado en el caso Pavo Real II.
Impactante: Entre el temor a morir en Luque y un trágico final en Minga Porã.
En La Región. “En los últimos diez años no han bajado los casos de feminicidios”, dice directora.
Trágico. “Estamos ante una cultura general machista que va creciendo”, lamenta experta.
Un Tribunal de Sentencia condenó a tres hombres a penas de entre 10 y 25 años de prisión tras hallarlos culpables del homicidio de Richard Antonio Martínez Báez, ocurrido en la madrugada del 9 de junio de 2025, en el barrio Roberto L. Petit de Asunción.
El Tribunal avaló las pruebas y tesis presentadas por la fiscal Fátima Girala, que fundamentó la responsabilidad penal individualizada según la naturaleza del aporte de cada acusado en la agresión mortal.
El pleno de la Corte sentó postura sobre que los actuarios judiciales están obligados a recibir los escritos que presentan las partes, ya que es la materialización del derecho a peticionar a las autoridades. Esto, ante las quejas recurrentes de los abogados sobre que los actuarios judiciales no reciben los escritos. Se habla de sumarios.