Fotocopias por semana, G. 10.000; pasajes, G. 17.500; útiles para la carpeta creativa, G. 20.000; y todavía no contabilizamos alimentación, vestimenta, tecnologías de la información y comunicación ni la salud… Encima la lista sigue. A pesar de que existe un discurso sostenido que plantea que la gratuidad en la educación es sinónimo de igualdad de oportunidades, la realidad es muy distinta.
El investigador Luis Ortiz explora estas cuestiones en el material coordinado y difundido por la organización Juntos por la Educación Gratuidad de la educación pública. Estudios de caso sobre los aportes económicos de los hogares para la educación obligatoria. Para el Estado, el planteo de que la enseñanza es gratuita solo incluye el salario docente. Nos preguntamos si realmente eso garantiza el derecho humano a la educación.
Para Ortiz, esto resulta insuficiente. El académico ofrece tres argumentos: la escasa inversión pública por estudiante, la falta de atención a los resultados en el desempeño y cómo las distintas carencias generan discontinuidades y afectan a las familias más vulnerabilizadas. Actualmente, el financiamiento está en etapa de estancamiento; mientras tanto, las necesidades son suplidas por “fondos privados de carácter voluntario”, como se suele llamar a estos gastos familiares. Y este es el punto en donde la educación, incluso en una institución pública, resulta una presión financiera para las familias.
Voluntad política para la garantía de derechos
Volvamos a repetir, para que se nos grabe en la memoria: la educación es un derecho humano fundamental, garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y desde el momento que hablamos del principio de universalidad, implica obligatoriedad. En consecuencia, se requiere que el Estado garantice la gratuidad.
Así lo entiende Ramón Corvalán, integrante del área de Educación de la organización de derechos humanos Servicio Paz y Justicia (Serpaj). La realidad es que esta gratuidad de la que hablamos no se produce e incluso podríamos citar el incumplimiento del derecho a la igualdad y no discriminación. “Eso dificulta el acceso en condiciones adecuadas al disfrute del derecho, porque muchas familias en determinado momento necesitan más ingresos para poder enviar a su hijo o hija a la escuela”, sostiene.
“El propio Estado, al no implementar políticas públicas integradas en los territorios, en este caso aparece como la institución que violenta los derechos en vez de garantizarlos”, indica y finaliza: “Hay una crisis muy profunda en nuestro sistema. Necesitamos tiempo y recursos. Eso implica una mínima estabilidad y, obvio, voluntad política”.
Un derecho de toda la sociedad
Ángeles Ferreira es miembro de la Red por el Derecho de la Educación, licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Educación Ciudadana por la Universidad de Barcelona (UB) y doctoranda en Política Educativa por la misma.
Ella plantea una reflexión clave a la hora de hablar de este derecho y su garantía, al citar al docente Melquíades Alonso. “Así como todos y todas tenemos el derecho a acceder a la enseñanza, también existe el derecho a vivir en una sociedad donde las personas estén o hayan pasado por el sistema educativo y se encuentren formadas”, explica. Un derecho individual y otro, colectivo, social.
Según explica, la educación está en una dicotomía constante entre el mantenimiento del sistema social actual y la transformación necesaria de este porque es desde donde se acompaña de las nuevas generaciones. “Muchos pensamos que enseñar es darle a ese niño o niña todas las herramientas para poder decidir qué mundo quiere y transformar el que tenemos”, explica.
En una sociedad como la nuestra, la educación ocupa un papel clave. “En un proceso histórico que ha despojado a sus familias de sus propios recursos y que les ha vulnerabilizado desde antes de nacer, la gratuidad es una herramienta que permite dar otras posibilidades y competencias a los niños y a las niñas de la sociedad, y desde ahí generar condiciones diferentes para contrarrestar la desigualdad”, analiza la especialista.
Por otro lado, la experta aclara que la educación por sí sola no genera o no transforma las estructuras desiguales. Pero, de todas maneras, sí garantiza condiciones diferentes de calidad de vida, lo que no es menor. “En Paraguay se relaciona con el derecho al trabajo y también con el acceso a la salud”, indica.
Educación para la igualdad
Si algo demostraron las fuentes consultadas es que para ir a la escuela, hay que tener plata. Y quienes padecen dificultades económicas se ven apartados de este espacio; al final el derecho está sujeto a la posibilidad económica y, en consecuencia, a la clase social de cada familia.
Qué distinta sería la sociedad paraguaya si el primer lugar que ofreciera igualdad de oportunidades reales fuera la escuela, con educación pública y gratuita, pero de verdad.
Cifras
- 1.540.000 estudiantes.
- 1017 millones de dólares invertidos en el 2022.
- 1400 millones de dólares presupuestados para el 2023.
- 90 % destinado a salario docente.
- 800 dólares anuales invertidos por cada alumno, un 50 % menos que los países de la región.
- 3000 dólares es la recomendación de organismos internacionales.
- 116.000 guaraníes mensuales por estudiante es el promedio de gasto en educación realizado por las familias por cada hijo en el sistema público.
Por Laura Ruiz Díaz.
