Se trata del caso de Daysi Ortiz y la empresa Claro SA, que data desde el año 2007. La mujer había demandado por indemnización de daños y perjuicios en el fuero civil a la firma.
La causa se inició debido a que la empresa había aplicado una inhibición a la mujer por una supuesta factura impaga de G. 131.000.
La afectada alegó que pagó la cuenta en dos ocasiones debido a intereses que se acumularon, pero la medida de inhibición aún no se había levantado, por lo que la misma decidió iniciar un proceso en el fuero Civil ya que le habría perjudicado en contratos y negocios de su ámbito laboral, según explicó la defensora de Ortiz, Josefina Aghemo.
La abogada recordó que Ortiz había ganado el caso en primera instancia en 2011. Posteriormente, la resolución del Tribunal de Segunda Instancia también salió a su favor e incluso la Sala Constitucional de la Corte rechazó una acción de inconstitucionalidad de la compañía de telefonía celular en 2014 en esta causa.
Del mismo modo, hubo un procedimiento de ejecución de sentencia, a favor de Daysi Ortiz en primera instancia, y también ante el Tribunal de Apelación.
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Finalmente, en diciembre de 2015 se emitió el cheque judicial de la Contaduría General de los Tribunales, a favor de la mujer en lo civil, por más de G. 1.000 millones de parte de la empresa Claro.
Aghemo comentó que en forma previa a la sentencia final, el Ministerio Público formuló una imputación en 2014 contra la mujer por estafa y producción inmediata de documentos de contenido falso.
Este es el proceso por el cual la mujer actualmente enfrenta un juicio oral, que deberá culminar en los próximos días con la decisión del Tribunal de Sentencia. El próximo lunes, la defensa de Ortiz deberá presentar sus alegatos finales en el caso.
“Más que una investigación, esta es una persecución del Ministerio Público. La Fiscalía sostiene que ella produjo documentos falsos en el fuero Civil para ganar la demanda en las tres instancias donde ella ganó. Se está penalizando una cuestión que ya fue debatida por años en el campo civil”, expresó Aghemo, quien hasta poco se desempeñaba como agente fiscal.
Fiscalía sostiene que la denunciante estafó
La causa actual es llevada adelanta por los fiscales Nelson Ruiz y Fabián Centurión, quienes ya presentaron los alegatos finales del Ministerio Público ante el Tribunal de Sentencia.
El fiscal Fabián Centurión explicó que, tras un análisis del caso, se pudo verificar que la mujer presentó documentos irregulares durante el proceso por indemnización de daños y perjuicios.
Además, sostuvo que la misma nunca había presentado la factura que pagó, sino que simplemente manifestó que canceló la cuenta e inició el proceso.
El fiscal también agregó que cuando se dio inicio al proceso legal, Ortiz no contaba con cuentas corrientes en ningún banco y tampoco contaba con un registro único del contribuyente (RUC), siendo que la misma alegó que fue perjudicada en el campo laboral.
“En este juicio civil se ganó por una serie de cuestiones irregulares y el Juzgado de Primera Instancia no pudo estudiar las pruebas a profundidad (…). Se perdió la prueba principal, que fue la que infló esta cuestión, ya no se estudiaron otras pruebas y el juez dio por cierto todo lo que presentaron”, señaló el representante del Ministerio Público.
Centurión informó que dentro de este proceso, la empresa Claro decidió no querellar y apartarse del caso, atendiendo el desgaste ocasionado por el juicio civil anterior.
Para la defensa de Ortiz, el Ministerio Público utiliza una figura penal inexistente en Paraguay, que tiene que ver con la estafa procesal, bajo el argumento de que inducen a un error al juez para que este pueda tomar una decisión.
Sin embargo, el fiscal Centurión alego que la figura de estafa procesal ya fue utilizada en el país en un caso cuya sentencia fue impartida en el 2014 por un Tribunal de Sentencia, compuesto por los jueces Víctor Hugo Alfieri, Daniel Bertolotto y María Luz Martínez.
Entre este lunes y el martes, el Tribunal compuesto por los jueces Digno Fleitas, Víctor Medina y Olga Ruiz deberán emitir una sentencia final con relación a este caso.
La Fiscalía pidió 2 años y 6 meses de cárcel para la mujer, por la utilización de pruebas falsas en el juicio civil, que la acusada ya ganó en tres instancias.
Desde Última Hora también intentamos comunicarnos con la empresa Claro para conocer la postura de la firma, pero no conseguimos respuesta a las consultas enviadas a un correo electrónico proporcionado.
