En los últimos años, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ha removido a varios jueces tras verse involucrados en casos de mal desempeño de funciones, corrupción y coimas, siendo estos los principales hechos que más infectan al sistema de Justicia paraguayo.
La última destituida fue Nathalia Garcete, jueza de Paz del Juzgado de La Catedral 2° Turno, implicada en el esquema corrupto de la mafia de los pagarés. El Jurado la cuestionó por firmar resoluciones en 27 expedientes sin consignar las fechas.
Estos hechos derivaron después en los juicios ejecutivos que arruinaron a víctimas con descuentos injustos y fraudulentos de sus salarios, “en detrimento del patrimonio y condiciones personales, sociales, económicas y de salud”.
En esa misma causa de estafas con pagarés, también fueron suspendidos y procesados la jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils, y el juez Gustavo Villalba, de Paz de La Catedral 1° Turno.
Recientemente, también fueron removidas de sus cargos dos magistradas más. Una es Mirna Carolina Soto, por comprobarse mal desempeño en sus funciones.
La magistrada integró el Tribunal que, luego de excluir las evidencias fundamentales, absolvió y liberó a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, acusado por el homicidio del periodista Leo Veras.
La otra es la ex jueza Cinthya Paola Páez, cesada por “quebrantar la ley” al conceder un habeas corpus a favor del procesado por narcotráfico Francisco Delosanto Ayala, disponiendo que sea llevado a un centro médico sin que se haya acreditado la gravedad de la enfermedad.
Por pedidos de coimas
La entonces jueza Lourdes Sanabria, de Boquerón, fue removida por un presunto pedido de coima de G. 6 millones, para constituirse a un juicio civil, siendo que solo se pagaban G. 1.770.000. Ahora, la ex magistrada y su actuario deben enfrentar juicio por cohecho pasivo agravado, que está fijado para mañana, 25 de noviembre.
Otra magistrada destituida por el Jurado fue Mercedes Aguirre Ugarte, en noviembre del 2021. Por unanimidad, votaron por sacarle del cargo, tras intervenir de forma irregular en un proceso de narcotráfico para conceder el arresto domiciliario al colombiano Octavio Vargas, condenado a 15 años de cárcel.
Ese mismo año, también fue removida la entonces jueza Mirta Sánchez, presidenta del Tribunal de Apelaciones de Amambay, quien apareció en un video realizando de manera sospechosa sorteos de causas penales.
Se trata de sorteos direccionados, por lo cual se descubrió la práctica irregular que le costó el cargo. Fue del 10 de agosto de 2020, donde debía establecerse quiénes iban a ser los preopinantes en diferentes causas apeladas. En las imágenes se observa cuando Sánchez toma un papel que estaba fuera de la caja, que provocó todo tipo de especulaciones. La causa era de Denilso Sánchez, hermano del Carlos Chicharõ Sánchez, por calumnia y difamación.
En plena pandemia, fueron sacados del cargo los jueces de Sentencia Mario Brítez y Dilma Prieto, quienes dictaron una leve condena de cinco años por narcotráfico a David Timoteo Ferreira, líder del PCC, quien luego se fugó del penal.
Actores de la Justicia caen en entregas vigiladas
Solo en este año, la Fiscalía imputó a una jueza y a dos agentes fiscales en ejercicio por supuestamente estar involucrados en pedidos de coima para beneficiar en diferentes causas.
En octubre, la fiscala Yeimy Adle confirmó que imputó por cohecho pasivo agravado al fiscal de Emboscada Bernardo Elizaur Aguirre (55) y su asistente fiscal Liliana Florenciano (39), por supuestamente pedir coima, para “ayudar” a un procesado por lesión grave.
Se entregaron G. 7 millones en efectivo en una entrega vigilada, dinero que le habrían solicitado a través de mensajes de WhatsApp al procesado Mauricio Soel Méndez Gómez. La idea era beneficiarle con un sobreseimiento provisional en setiembre pasado.
En este noviembre, fue imputado el fiscal de Alberdi, Rubén Riveros, quien habría solicitado junto con un abogado más de G. 120 millones a una mujer para supuestamente beneficiarle a su esposo procesado por abuso infantil. Tarda “pero se hace”, le habría dicho el agente a la esposa.
Por último, en una causa reciente, la jueza de Lambaré, Isabel Bracho, fue imputada por supuestamente recibir USD 50.000 de parte de Walter Galindo, un procesado por narcotráfico. También se inició su enjuiciamiento de oficio en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En la causa también está procesada la ex fiscala Egidia Gómez (hermana del diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes), quien supuestamente cambió por bicarbonato la cocaína encontrada en poder de Galindo.
