24 jul. 2024

Ley de control a oenegés es un peligro para la democracia

El actual escenario político es el que se temía, cuando, tras las elecciones de 2023, se produjo el acaparamiento por parte de la ANR de los poderes del Estado. La aplanadora cartista ya ha demostrado antes sus intenciones, regalando impunidad a los suyos, torciendo incluso normas constitucionales como el caso del desdesafuero. Gran preocupación debe generar la intención detrás del proyecto de control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, que puede ser vista como un intento de controlar a la sociedad civil.

Este año, hace unos meses hemos celebrado el aniversario 35 desde que comenzamos a transitar la senda de la democracia en el Paraguay, después de haber vivido 35 años de una dictadura que desplegó todo su desprecio hacia la vida, la libertad y los derechos. En estas tres décadas, el país y sus instituciones han tenido, sin duda, algunos sobresaltos, pero la democracia supo pasar la prueba y logró sostenerse. En el actual escenario político que vivimos en el Paraguay estamos enfrentando importantes desafíos que están lentamente corroyendo las bases de nuestra democracia y del Estado de derecho: el cáncer de la corrupción destruye a la sociedad, el clientelismo atenta contra el principio de la igualdad, y la impunidad que nos deja a merced del narco y del crimen organizado.

A estos peligros reales a los que debe enfrentar nuestra democracia se suma ahora una ola de autoritarismo e intolerancia. Recientemente la Cámara de Senadores ha dado media sanción a un proyecto de ley que, sin duda, hace temer el regreso de viejas prácticas despóticas de la dictadura.

La aplanadora cartista, junto con sus aliados, logró imponer en el Senado el polémico proyecto de control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. La mayoría colorada hizo una demostración de que había razón en temer a la mayoría absoluta de la ANR en los poderes del Estado paraguayo; con tal poder está muy cerca la tentación dictatorial para imponer ideas, leyes y proyectos, y hacerlo desoyendo a las minorías en el Congreso y a la sociedad civil en general. Exactamente como lo había expresado el cardenal Adalberto Martínez, quien sugirió postergar el tratamiento del proyecto y abrir un espacio de diálogo: “Podría tener graves consecuencias para nuestro sistema democrático representativo, participativo y pluralista, como manda la Constitución Nacional”.

La propuesta aprobada establece el régimen de control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados, de origen nacional o internacional, a ser destinados a prestaciones exclusivas a ámbitos de competencia del Estado. Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el proyecto busca una forma de controlar y castigar a los grupos sociales que no estén alineados al cartismo, y que establece medidas, obstáculos y restricciones que atentan contra derechos y principios fundamentales garantizados en la Constitución Nacional, restringiendo el funcionamiento y la sostenibilidad de todo tipo de organizaciones civiles. Señalan que la propuesta de ley se confronta con el artículo 36 de la Constitución Nacional, que ampara el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada, y que vulnera convenios internacionales ratificados por Paraguay.

Si bien el proyecto lleva en su denominación la palabra transparencia y dice que su objetivo es promover la transparencia y la rendición de cuentas, deja abierta la posibilidad para que sea utilizado para perseguir y silenciar a las voces críticas.

En el Paraguay debemos defender el pensamiento crítico, la libertad de expresión y de opinión, ya que hemos sido testigos directos de las peores manifestaciones y actos de un gobierno autoritario que violó derechos humanos y restringió derechos y libertades.

La nuestra no será democracia si no se admiten las críticas y el disenso, si se impone una mayoría intolerante que no permite el debate; para sostener nuestra institucionalidad y Estado de derecho necesitamos una prensa libre, una ciudadanía informada y una sociedad activa que le den vida y sentido a la democracia.

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