Las declaraciones de José Duarte Penayo sobre Alfredo Stroessner han generado una comprensible polémica. Conviene, sin embargo, analizar su planteo con precisión conceptual.
No estamos ante un negacionismo puro de las atrocidades del régimen, sino ante lo que podría denominarse un revisionismo atenuador: Se reconocen violaciones de los derechos humanos, pero se las relativiza, se las desplaza en el tiempo o se las compensa con comparaciones y balances de gestión.
Cuando se afirma que Stroessner fue un “presidente constitucional”, se confunde deliberadamente la legalidad formal con la legitimidad democrática.
Durante el stronismo existieron Constitución, Congreso, Poder Judicial y elecciones, pero estas instituciones no funcionaban como contrapesos reales del poder, sino subordinadas a él. La República existía en la forma, no en la sustancia. Por ello, el uso del adjetivo “constitucional” resulta equívoco si se lo entiende en sentido democrático.
Argumentos como que “hubo regímenes peores” o que “se hicieron grandes obras de infraestructura” no niegan los crímenes, pero los diluyen moralmente.
Que otros gobiernos hayan sido más sangrientos no convierte a uno menos sangriento en legítimo y ninguna obra pública puede compensar la supresión sistemática de derechos, la persecución política y la anulación del pluralismo durante 35 años.
Dicho esto, es importante subrayar que Duarte Penayo tiene pleno derecho a expresar sus ideas. La libertad de expresión era uno de los reclamos al régimen.
Defender una memoria democrática honesta no es censurar opiniones, sino discutirlas críticamente con argumentos, justamente lo contrario de lo que caracterizó al régimen que se debate.
El problema no es opinar, sino normalizar, aunque sea de manera indirecta, una dictadura que vació de contenido a las instituciones republicanas.
No se trata de satanizar ni de reabrir viejas trincheras ideológicas, sino de evitar que el lenguaje legalista y los balances administrativos terminen amortiguando una condena que, desde el punto de vista democrático, debería ser inequívoca.
Mi opinión y en síntesis: Stroessner probablemente tuvo algún grado de aceptación social real, alimentada por orden, estabilidad y un pueblo conservador, católico con miedo al comunismo y al pasado.
Eso no lo convierte en legítimo democráticamente ni hace irrelevante la represión, pero sí explica por qué su figura sigue siendo ambigua en la memoria colectiva. Y esto creo importante reconocer porque esa aceptación fortalece el análisis crítico; negarla lo debilita.
Porque si decimos “nadie lo apoyaba”, la gente que lo vivió sabe que no es cierto… y se cierra la posibilidad de un debate esclarecedor y menos a algún consenso.
