Lo primero que hay que decir es que el llamado a concurso no es ni puede ser jamás un hecho excepcional. Por el contrario, es la única fórmula establecida en la ley para incorporarse a la nómina estatal. Pero, por supuesto, para alguien que contrató de manera directa y con un salario de más de 18 millones de guaraníes a la hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana –una joven que por entonces ni siquiera contaba con un título universitario–, priorizar el mérito por sobre el vinculo político y familiar será siempre una excepción.
El que se anuncie con bombos y platillos un primer llamado a concurso es una confesión tacita de que prácticamente todos los funcionarios del Congreso entraron por la ventana, como oneroso legado de cada político que pasó por el legislativo, dejando colgados del presupuesto público a operadores, parientes, amigos y amantes.
Lo segundo es el gusto por el derroche como distintivo del poder, como si un legislador ostentara un cargo monárquico desde el que pudiera hacer un uso arbitrario y antojadizo de los impuestos que paga la plebe. La cámara que preside Latorre tiene más de 1.400 funcionarios ¿Para qué necesita otros cincuenta? Son casi una veintena de funcionarios por cada diputado ¿Para qué?
En la lista de los cargos concursables hay desde profesores de inglés hasta ingenieros civiles; y de los cincuenta, casi la totalidad corresponde a contratos por tiempo. Y otra vez la ley es para algunos legisladores letra muerta. Según las normas sancionadas por ellos mismos, el estado solo puede contratar temporalmente en casos excepcionales, como en una pandemia, la realización de un censo o ante un desastre natural. Es este mismo momento, el único desastre conocido es el despilfarro del dinero público.
Por último, y no menos importante: Latorre hizo el llamado en medio del escándalo generado tras la publicación de los numerosos casos de hijos e hijas de autoridades políticas, en su mayoría bachilleres sin la menor formación académica, contratados en su cámara bajo la farsa de los cargos de confianza. Queriendo lavar su imagen, el diputado anunció además del concurso el sumario de 33 funcionarios… por ausencia injustificada. Resulta que ninguno de los sumariados integra la lista de los vástagos de la política, esos irritantes beneficiarios del reparto filibustero del poder que conocemos coloquialmente como “nepobabys”.
Si Latorre quisiera realmente tener algún gesto de hombre de estado, del político interesado en administrar el dinero del contribuyente en beneficio de este, estaría hablando de planes para desparasitar su cámara, no de sumar zoquetes. Hoy, con el uso de la tecnología disponible, el Congreso no necesita de más de quinientos operarios. Las aplicaciones con inteligencia artificial superan de manera abrumadora cualquier supuesto trabajo asignado a ese ejército de operadores colgados del presupuesto.
Pero, claro, eso supondría dejar sin empleo al gerente de fotocopias, al administrador general de los ascensores, al que abre y al que cierra la puerta de su oficina, al que seguramente le recuerda todos los días cuan inteligente es… ah, y a la hija del vicepresidente de la república. Y eso nunca ocurrirá, porque la generosidad bien entendida por un estadista como Latorre empieza y termina por casa y los amigos del partido.
