La diputada y precandidata a la intendencia de Asunción, Johanna Ortega, presentó este miércoles una denuncia penal ante el Ministerio Público por el presunto hecho punible de lesión de confianza contra 14 concejales municipales que aprobaron, en diciembre de 2025, la autorización del crédito, utilizado para financiar gastos corrientes correspondientes al ejercicio fiscal 2025.
Los 14 concejales a los que señala Ortega son los colorados Juan Carlos Ozorio, Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Mariano Cáceres, René Gabriel Calonga, César Escobar, Miguel Sosa, Juan José Arnold, Arturo Ramón Almirón, Jesús María Lara, Daniel Ortiz, Javier Pintos, Karina Celeste Acuña y Carlos Alberto González.
¿A qué se refiere la denuncia?
La denuncia sostiene que el Ministerio Público debe investigarlos por su grado de complicidad “en el estado en el cual se encuentra nuestra ciudad”.
“Estos concejales, en vez de controlar, fueron cómplices y se limitaron a levantar las manos, generando un endeudamiento hasta el año 2035 como mínimo para esta ciudad”, expresó la legisladora.
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A partir de un capital de G. 184.000 millones, aplicando una tasa de interés anual del 13%, el costo financiero anual del préstamo asciende, en términos teóricos, a G. 23.920 millones. Considerando que la operación tiene una vigencia aproximada de 60 días, el interés correspondiente al periodo efectivo ronda los G. 3.986 millones, es decir, cerca de G. 4.000 millones solo en concepto de intereses en el lapso de dos meses.
Visto en términos temporales, el impacto es significativo: el servicio de la deuda representa alrededor de G. 2.000 millones mensuales, unos G. 66 millones por día y entre G. 2.700.000 y 3.500.000 por hora.
“Eso quiere decir que si alguien está pagando impuesto inmobiliario en este mismo minuto en la Municipalidad de Asunción y se suman G. 66 millones en caja, esos G. 66 millones van a pagar el interés de este préstamo. Ni siquiera el capital”, explicó.
“Crédito público encubierto”
La conclusión jurídica a la que llega la denuncia es que no se trata de un financiamiento temporal y se trata de un “crédito público encubierto, prohibido para gastos corrientes”.
Johanna Ortega sostuvo que los concejales fueron electos para defender los intereses de Asunción, pero que hoy actúan como partícipes de un esquema irregular que avaló un tipo de endeudamiento destinado a fines no permitidos por la ley.
Explicó que la denuncia penal contra los 14 ediles se basa en el delito de lesión de confianza y en la violación del artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal, que prohíbe expresamente la contratación de préstamos para cubrir gastos corrientes.
Según afirmó, los recursos obtenidos fueron utilizados para el pago de planilleros y operadores políticos vinculados a la administración del ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez, quienes continúan percibiendo sus salarios con normalidad.
La denuncia resalta que el mes de enero constituye el periodo de mayor recaudación tributaria del ejercicio fiscal municipal, principalmente por el pago del impuesto inmobiliario y tasas vinculadas, seguido de febrero, concentrando ambos meses, en conjunto, un volumen de recursos sensiblemente superior al del resto del año fiscal.
“En consecuencia, la decisión adoptada compromete estructuralmente los principales ingresos de libre disponibilidad de la Municipalidad, privándola de liquidez efectiva durante el inicio del ejercicio fiscal 2026", esgrime la parlamentaria en su escrito.
Sobre el anuncio de la candidatura de Nenecho Rodríguez como concejal, Johanna precisó que se trata de una “bofetada a los asuncenos, que esperamos que esta ciudad se despoje por fin de estos traidores y pueda avanzar, desarrollarse y tener su futuro”.
A su vez, espera que haya “un examen de conciencia en un electorado que debe saber juzgar lo que votó antes y lo que ya no debe volver a elegir”.
