24 feb. 2024

Las ONG dicen que no se cumplió el proceso legal

Varias Organizaciones No Gubernamentales, sumadas a asociaciones de productores, elevaron su voz de protesta contra el proceso utilizado para la adopción de materiales genéticamente modificados en el país.

Parte del comunicado expresa que “esta coyuntura nos enfrenta a situaciones poco claras, que impactan en nuestra soberanía alimentaria y en nuestras pautas culturales ancestrales”.

Exhortan al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y a la Secretaría del Ambiente (Seam), que como miembros pleno de la Comisión de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (Combio), exijan pruebas documentadas y contundentes a las empresas obtentoras de las tecnologías no solo en algodón sino también en maíz (Monsanto, Syngenta y Dow AgroScienses), acerca de la inocuidad alimentaria de los productos transgénicos y del impacto ambiental de las semillas transgénicas, específicamente del maíz.

Expresan que existen evidencias en otros países, sobre los impactos negativos tanto para la salud humana como para el ambiente, que pudieran ocasionar estas semillas transgénicas de maíz, y por la posible contaminación de las semillas ancestrales que son de importancia vital para la cultura de los pueblos indígenas.

Este segmento que se siente afectado por el ingreso de los materiales transgénicos al país, sostiene que Paraguay es uno de los centros de origen del maíz, cultivo que es la base de alimentación directa de la población, en especial de la rural, tanto en comunidades campesinas como indígenas.

Estos sectores tienen más de 10 variedades propias que podrían ser contaminadas por estas semillas transgénicas, a través de la polinización.

Además, en lo referente a los pueblos indígenas, el maíz es de gran importancia para sus culturas y prácticas religiosas.

Las 4 variedades de maíces que serán liberadas comercialmente en el país, pasaron por el proceso regulatorio, incluso cuentan con los dictámenes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de la Secretaría del Ambiente.

Este es el punto que es objetado por el sector de las organizaciones sociales, que denuncian que no se cumplieron con los requerimientos legales.

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