La imagen es ilusoria, pero la contradicción es cruelmente real. Mientras en los salones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se celebra con palmaditas en la espalda la aprobación de las calificadoras de riesgo internacionales, en las salas de espera del Incan, de Clínicas y de otros hospitales públicos reina la desolación.
Los brillantes números macroeconómicos exhibidos en los foros mundiales, que nos acercaron al Santo Grial del “grado de inversión”, se sostienen, en gran medida, gracias a altas dosis de insensibilidad humana.
Para entender esta paradoja hay que mirar la estrategia de retornar al tope de 1,5% de déficit impuesto por la Ley de Responsabilidad Fiscal, el motor invisible que está detrás del desabastecimiento crónico. Cuando la actual administración asumió, sinceró una abultada deuda heredada, emitió bonos y elevó temporalmente el déficit por encima del 4% con la promesa de “poner la casa en orden” y no repetir los vicios del pasado.
Solo que, para poder mostrar resultados admirables de cara a los organismos del exterior, el MEF apeló a un monumental ejercicio de ilusionismo contable. Su fórmula mágica fue sencilla: el Estado dejó de pagar a sus proveedores. Para que el déficit fiscal oficial cierre en los números aplaudidos afuera, se recurre a una “austeridad” que no implica una mejor gestión del gasto público o el fin de los privilegios. El maquillaje contable se logra por la brutal decisión de cajonear las facturas y pisar la manguera de los desembolsos. Con este artilugio, el Estado cumple el límite legal en los papeles, pero esconde bajo la alfombra las obligaciones impagas y vencidas con las vialeras, los laboratorios farmacéuticos y otros proveedores públicos. Una práctica muy parecida a la que tanto le criticaban al gobierno anterior.
Hoy, la deuda con la industria farmacéutica es de 775 millones de dólares. Las cámaras de la construcción reclaman unos 360 millones por obras públicas ejecutadas, algunas de ellas concluidas hace años. El atraso del Estado con las empresas proveedoras del programa “Hambre Cero” asciende a otros 50 millones de dólares.
Es fácil suponer las consecuencias que esta mora produce, con miles de obreros suspendidos y obras paradas, pero me referiré a la trinchera que conozco de primera mano: la salud. Veamos el costo humano del “éxito financiero”. El ahorro del MEF se traduce en farmacias hospitalarias vacías y licitaciones desiertas. Ante la realidad de pagos mensuales que no cubren ni la mitad de lo que el sistema consume, los laboratorios cortan la provisión o la entregan a cuentagotas. Las empresas dejan de presentarse a los llamados del Estado sabiendo que cobrarán con meses o años de atraso, o que tendrán que recurrir a vender sus facturas a los bancos; una salida que el propio gobierno les sugiere para que el pasivo no figure como deuda pública directa.
No es un problema aislado de mala gestión sanitaria o de administración hospitalaria. Es una política de Estado deliberada que ahoga a todos por igual, pero que en el caso de los pacientes oncológicos es una asfixia literal y letal. Y esta vez no se podrá culpar a la difusa “burocracia”, sino a un Estado que ha decidido financiar su reputación macroeconómica interrumpiendo los esquemas terapéuticos de los más vulnerables.
En las salas de quimioterapia, cortar los fondos estatales no se ve como un retraso administrativo; significa la suspensión de la vida. Un anticuerpo monoclonal o un agente antineoplásico que no llega a tiempo se traduce en la progresión de la enfermedad. El verdadero déficit de esta administración no se mide en porcentajes del PIB, se mide en cada ciclo de quimioterapia interrumpido. Es una alquimia demasiado tecnocrática: los números cierran maravillosamente en las planillas de Excel del Ministerio, mientras el sistema hace metástasis en los hospitales de la gente humilde. Es fácil ser el alumno ejemplar del Fondo Monetario Internacional cuando el “ahorro” consiste en recortar a la base más indefensa.
Así el sistema no ahorra; simplemente sangra.
