Empecemos con una aclaración: Un Estado no es un hogar. No porque pueda gastar sin límites, sino porque cumple funciones y enfrenta restricciones distintas. Un hogar no recauda impuestos, no financia carreteras utilizadas durante décadas, no sostiene un sistema sanitario ni debe evitar que una recesión arrastre al conjunto de la economía. Por eso, la recomendación doméstica de no gastar más de lo que se gana no puede trasladarse automáticamente a la macroeconomía.
Esto tampoco significa que cualquier déficit sea conveniente. Uno demasiado elevado, mal financiado o destinado a gastos de baja calidad aumenta la deuda, encarece los intereses y reduce el margen de acción del Estado. Pero eso no significa que el superávit permanente sea la condición natural de unas finanzas responsables.
Una política fiscal sensata debería reducir el déficit en los periodos favorables, permitir una expansión prudente durante las crisis y preservar una trayectoria sostenible en el mediano plazo.
La aclaración resulta oportuna ahora que el Ministerio de Economía y Finanzas admitió que el déficit cerraría en 3,2% del PIB en 2026 y subiría a 3,9% en 2027. Aun sin contar los atrasos con proveedores y contratistas, rondaría el 2% este año y el 1,9% el próximo. El retorno al límite de 1,5%, prometido para 2026, quedó postergado hasta 2028. Al menos, por ahora.
La experiencia internacional muestra que una regla fiscal difícilmente puede reducirse a un solo número. Por eso, los países combinan límites al déficit con anclas de deuda, reglas de gasto, cláusulas de escape y mediciones ajustadas por el ciclo. De los 34 países de la OCDE que utilizan límites al balance fiscal, 24 incorporan alguna medición estructural o cíclica.
La cuestión es determinar cuánto déficit puede sostener un país. No existe un valor óptimo universal. Depende de la deuda, del costo del financiamiento, del crecimiento, de la capacidad tributaria, del ciclo económico, de las obligaciones futuras y, especialmente, de la calidad del gasto.
Paraguay optó por un límite de 1,5% del PIB. Era sencillo de comunicar y transmitía disciplina, pero no necesariamente estaba bien calibrado para todas las circunstancias. La experiencia posterior es difícil de ignorar: entre 2015 y 2025, el límite ordinario se cumplió estrictamente solo en 2016, 2017 y 2018. Tres de once ejercicios. En 2019 se recurrió a la cláusula de escape; en 2020 la regla fue suspendida; entre 2021 y 2024 rigieron límites extraordinarios o planes especiales de convergencia, y en 2025 tampoco se alcanzó la meta prevista.
Cuando una regla se incumple excepcionalmente, puede tratarse de una crisis. Cuando debe suspenderse, modificarse o reinterpretarse durante la mayor parte de su vigencia, corresponde preguntarse si el problema está solo en quienes la aplican o también en su diseño.
Una regla demasiado laxa pierde credibilidad porque no contiene los excesos. Pero una demasiado rígida también puede perderla: incentiva la postergación de gastos, la acumulación de atrasos y el traslado de obligaciones fuera del déficit reconocido.
Admitir el déficit real no es una derrota de la responsabilidad fiscal. Es el primer paso para recuperarla. La tarea no consiste simplemente en volver a prometer el 1,5%, sino en construir una regla estricta para contener excesos, flexible para enfrentar crisis y realista para financiar las necesidades de un país que todavía debe crecer.
La realidad fiscal puede hacerse más llevadera y sostenible. Lo que ya no puede hacerse es mantenerla fuera de las cuentas.
