Desde hace tres semanas los observadores internacionales realizan su trabajo en suelo boliviano y este jueves, a través de un comunicado publicado en Santiago de Chile, la ONU indicó que algunos hechos ocurridos desde el estallido de las protestas tras las elecciones del 20 octubre “podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos”.
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La oficina presidida por la ex presidenta chilena Michelle Bachelet apuntó a los disturbios acontecidos en esos dos lugares donde murieron más de una docena de personas.
En Sacaba, unos 350 kilómetros al sureste de La Paz, tuvo lugar el pasado 15 de noviembre un duro enfrentamiento entre grupos cocaleros del trópico de Cochabamba, que intentaron entrar en la ciudad, y la Policía y el Ejército que bloqueaba los accesos.
Los disturbios en la capital de la provincia Chapare dejaron al menos nueve muertos, que según la Defensoría del Pueblo de Bolivia sufrieron heridas de bala, y un balance de decenas de heridos.
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En el caso de Senkata, un barrio de la ciudad de El Alto, vecina a la capital boliviana, la represión de las fuerzas del Estado contra los manifestantes dejó al menos 10 muertos, además de heridos, detenciones ilegales y denuncias de torturas, abusos y vejaciones.
Solo el 19 de noviembre murieron ocho personas en un operativo policial y militar, en medio de la tensión por los bloqueos en las calles, la escasez de comida y combustibles y los constantes enfrentamientos a favor y en contra del ex presidente Evo Morales, que tras su renuncia el 10 de noviembre viajó en condición de asilado a México.
Desde las Naciones Unidas indicaron que la misión de observación abogó de nuevo por investigar los hechos de violencia de manera rápida, transparente e imparcial por parte de los organismos estatales competentes.
Desde que llegaron al país andino el pasado 11 de noviembre, los observadores se han reunido con instituciones del Estado, sociedad civil, organizaciones sociales, gremiales e indígenas, entidades internacionales, víctimas, familiares y testigos entre otros actores.
Además, realizaron visitas a los lugares donde ocurrieron los hechos más graves durante la crisis boliviana, como el propio barrio alteño de Senkata.
El Ejecutivo transitorio boliviano encabezado por Jeanine Áñez mantiene que la manifestación en Senkata tuvo características de “terrorismo” y “sedición”, acusaciones que los familiares de las víctimas y heridos rechazan.
Los muertos desde los fallidos comicios del pasado 20 de octubre en Bolivia son al menos 33, muchos por disparos durante operativos de fuerzas del orden, y los heridos más de 800, según la Defensoría del Pueblo.
