Hace dos años, el movimiento Honor Colorado puso en marcha una campaña de desprestigio contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) bajo el pretexto de la “transparencia”.
Ese hostigamiento se concretó con la creación de una Comisión Bicameral de Investigación, amplificada por milicias digitales, y la aprobación de una ley que imponía controles rigurosos a las organizaciones de la sociedad civil críticas al Gobierno.
El objetivo, como reveló un audio filtrado del senador Gustavo Leite, era someterlas a una “guerra de desgaste”.
Sin embargo, mientras Santiago Peña y su bancada legislativa se jactaban de arremeter contra las ONG con una “aplanadora del bien común”, ocultaban que la ofensiva tenía un punto ciego, excluido del foco inquisidor: La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). El motivo era evidente: Se trata de la caja paralela de la política, un “parque de diversiones de la corrupción”, como la definió el diputado Raúl Benítez.
Su existencia es un monumento al absurdo. Nació en 1964 como una oficina pública, pero hace tres décadas se transformó en una ONG privada sin fines de lucro. Lo notable es que ejerce funciones públicas, recauda impuestos de manera coercitiva y, cuando le conviene, se ampara en el derecho privado para eludir la rendición de cuentas y sortear los controles estatales. Recientemente, invocando normas constitucionales sobre el “derecho a la intimidad” y la “inviolabilidad de la comunicación privada”, se negó a responder un pedido de informes de la Cámara Baja sobre salarios y gratificaciones.
Fíjese en el detalle: Pese a ser una entidad privada, interviene de manera obligatoria en la emisión de licencias de conducir, recaudando millones sin ofrecer servicios útiles a los contribuyentes. Realiza una tarea que bien podrían desempeñar las propias municipalidades o un organismo estatal. La prueba de que este ectópico órgano de “cooperación intermunicipal” no es indispensable es que varias intendencias lo abandonaron y no ocurrió nada. En la actualidad, agrupa solo a 215 de los 263 municipios del país.
A la vista de todos, la Opaci opera como un fondo político al margen del Presupuesto General de la Nación. Una esquizofrenia jurídica que solo en Paraguay es posible.
A pesar de su invencible opacidad, se pudo saber oficialmente que en el último lustro (2021-2025) recaudó 316.000 millones de guaraníes, el equivalente a más de cuarenta millones de dólares. La mitad de ese monto –hay varios otros rubros– proviene de las licencias de conducir. La ONG cobra un arancel obligatorio de diez mil guaraníes por cada trámite de emisión, revalidación o renovación de licencias que realiza cualquier ciudadano. Hasta hace algunos años, esa tarifa era de veinte mil. Opaci se queda con el 70% de esa recaudación. ¿Por qué es necesaria la intermediación de una ONG?
Esa facturación descomunal tiene escaso control. Una sola vez, en 2015, la Contraloría General de la República realizó una auditoría, cuando la Opaci era presidida por Ricardo Núñez, hermano del presidente del Congreso.
El informe –que tardó siete años en ver la luz– detectó espectaculares desvíos, pagos irregulares y agujeros inexplicables. Pese a las evidencias de que se trata de un gran antro de corrupción, la Justicia mostró una gélida indiferencia. Esa ONG no se toca. Es el negocio de los amigos.
Las iniciativas para acabar con esta aberración han sido múltiples por parte de la oposición, pero nunca lograron superar el muro de contención de la mayoría cartista. Los proyectos se archivan o no se tratan por falta de quórum. De ese tema no se habla.
El año pasado, durante un nuevo intento, la diputada Rocío Vallejo expresó: “Es impresionante la defensa de los cartistas; después del Vaticano, ya está la Opaci”.
La razón del blindaje es tan cínica como efectiva. Esta ONG es la vaca sagrada del prebendarismo político, una máquina de hacer millonarios a unos pocos políticos a costa del bolsillo de todos los paraguayos. En la antesala de las elecciones municipales, la Opaci no se tocará. Pero alguna vez, esta máquina paraestatal de corrupción debe ser evaporada.
