A medida que van conociéndose más detalles sobre el crimen ocurrido en Coronel Oviedo el 31 de mayo, crece la furia colectiva hacia el supuesto autor, también de 17 años.
El dedo acusador y la investigación van hacia los padres del principal sospechoso y una amiga de este, quien es señalada como instigadora del hecho.
Hay mucha, demasiada exasperación. Sobre todo al saberse que la joven estaba embarazada de cuatro meses y la quisieron obligar a abortar a lo que ella se negó.
La propia población de la zona donde ocurrió el hecho, hastiada del (mal) funcionamiento del aparato de Justicia, descargó su enojo quemando parte de la casa de los padres del supuesto autor.
En la calle y las redes sociales, la indignación en masa pedía que el supuesto responsable padezca los peores castigos.
Son estos momentos en los que la cólera no conoce de límites ni medias tintas. Su deseo de venganza e irrefrenable.
Sin embargo, cuando el deseo de aplicar la ley del Talión llega a las instancias donde tienen que tomarse decisiones basadas en la cordura y en base a la razón, adquiere otro nivel. más cuando aparece la oleada de disparates de los oportunistas.
Por ejemplo, uno de los representantes de la Cámara Baja, que no ha destacado precisamente por su lucidez en varias de sus intervenciones, propuso aplicar la cadena perpetua a este tipo de delitos cometido por un menor.
“Los menores asesinos deben ser juzgados como adultos”, había dicho el que ocupa la banca a la cual ingresó por un partido y ahora aparece como independiente.
Su plan de aplicar la cadena perpetua en el régimen penal paraguayo no estaba acompañado de ninguna otra propuesta.
Otro de sus aportes tenía que ver con los adictos que deambulan por las calles y en los barrios, sin más rumbo que su propia perdición.
“Vamos a sacar de la calle a los adictos y los vamos a rehabilitar. Si no es por las buenas, por las malas”, dijo son su reconocida sapiencia.
“Por las malas”. O sea, el legislador, que se supone cuenta con asesores especializados para proponer algún proyecto de ley no tenía más respuesta que la represión a un problema más complejo.
Como broche de oro, proponía también que los militares apoyen el trabajo de la Policía Nacional. Otro colega suyo planteaba que los condenados sean enviados al cuartel.
Ninguno de los “sabios” proponentes, quienes reciben una millonaria dieta cada mes, ha propuesto la revisión de las políticas públicas que están destinadas a la juventud. Mucho menos cómo son aplicadas.
Paraguay tiene grandes deudas con este sector de la población. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondiente al 2024, en el país hay 1.492.367 jóvenes de entre 15 y 29 años.
De esa cantidad, el 20,2% viven en situación de pobreza y con marcadas brechas de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales.
La realidad actual de este sector de la población es encontrase con empleos mal pagados, poca perspectiva de futuro y un gobierno que privilegia al pariente, amante, hurrero antes que la capacidad.
Este es el momento en que desde el Parlamento deben debatirse y estudiarse sobre políticas que puedan beneficiar y potenciar el bono demográfico que está a punto de perderse a causa del desinterés.
Esta es una tarea urgente que no puede ser postergada más tiempo por todos los poderes y la sociedad misma
Resolver los números, bajando los índices de pobreza, potenciando las oportunidades y generar esperanza de un futuro mejor. Ese es el compro miso que deben asumir los legisladores, no aumentar penas para saciar la sed de venganza.
