Pasan los meses y las personas afectadas por la denominada mafia de los pagarés siguen sin hallar justicia. Ciertamente, la Justicia ha dado algunos pasos, aunque falta contundencia para detener el gran perjuicio hacia las víctimas. Mientras van apareciendo nuevas formas de estafa, las víctimas siguen esperando a que el sistema haga justicia.
El caso conocido como el de la mafia de los pagarés, además de ser un escándalo, ha exhibido el peor rostro de nuestro sistema de Justicia.
De acuerdo con el informe de la Comisión Especial del Congreso, fueron analizados cerca de seis mil casos y solo el 13% de las personas afectadas reside en Asunción, mientras que el 87% proviene del interior del país y, sin embargo, la mayoría de los juicios se concentran en el área metropolitana.
Esto, sin duda, implica una enorme dificultad para los afectados que viven lejos de la capital. Y como dijera el senador Rafael Filizzola, titular de la Comisión, “estamos hablando de centenares de millones de dólares embargados; es un esquema que impide que las personas puedan defenderse”.
El 64,3% de los afectados pertenece al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), entre ellos docentes y maestros indígenas; también hay trabajadores del Ministerio de Salud Pública, del IPS, del Hospital de Clínicas, del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional.
Quienes residen en el interior del país se encuentran con un obstáculo adicional y en absoluta situación de indefensión, pues los procesos se están llevando a cabo en Asunción. Para este esquema de estafas es una situación casi de impunidad asegurada, pues las víctimas al no contar con recursos económicos, ya que sistemáticamente les están siendo descontados montos de sus salarios y pensiones y a la vez pone a las empresas que forman parte del esquema en una situación privilegiada para seguir ganando juicios. Según el senador, este se trata de un entramado en el que intervienen empresas, instituciones públicas y el Poder Judicial que pese a la voluntad de actuar, carece de suficiente personal para atender la magnitud del problema.
Para la Comisión, la problemática tiene dos vertientes: Los embargos y los descuentos automáticos, que por lo general van de la mano. Por un lado, no se verifican los documentos respaldatorios y que, en muchos casos, las víctimas han firmado más de una autorización y esto permite múltiples descuentos por la misma deuda. Asimismo, se les ha hecho firmar más de un pagaré generando duplicaciones. Por otro lado, los descuentos se realizan a través de asociaciones, instituciones públicas e incluso el Banco Nacional de Fomento, “usan al Estado como cobrador”, había denunciado el senador Filizzola.
La denominada mafia de los pagarés constituye un entramado de ilegalidad que tiene décadas, pero recién hace dos años a partir de una denuncia que comenzó a hacerse pública la situación y a develarse el alcance y la profundidad de esta irregular situación, desde entonces no han parado de aparecer denuncias de personas perjudicadas por el esquema de estafa.
En estos dos años se han ido presentando casos de gran dramatismo, pero que con el correr de los meses han caído en el olvido o se han convertido en una anécdota más. Esto es intolerable, pues las víctimas tienen derecho a recibir justicia.
La sociedad paraguaya no debe dejar solos a Guillermina Quiñónez, quien desde hace 10 años arrastra embargos judiciales. La docente de Eusebio Ayala había hecho dos préstamos y tenía cinco embargos: “Saqué G. 3 millones y ya pagué G. 250 millones y sigo pagando”, y cuenta que prácticamente trabaja solo para pagar por sus supuestas deudas.
O como a Carolina Victoria, licenciada en Enfermería, con una hija que padece epilepsia, quien dice que había sacado un crédito, luego vendieron sus pagarés y ahora debe G. 160 millones. Asimismo, está la historia de Hermenegildo Núñez, quien había hecho un préstamo de G. 3 millones, y terminó pagando G. 4.900.000. “Perdí mi familia por culpa de esto y ahora tengo que enfrentar el problema”, apunta.
No se puede permitir que la impunidad triunfe en este caso de estafas masivas. Es mucho todavía lo que el sistema de Justicia debe resarcir a las personas afectadas. Las víctimas no son una anécdota más, son paraguayos y paraguayas que merecen justicia y reparación. No se puede permitir que sus victimarios, los estafadores, sean funcionarios corruptos o empresas privadas queden impunes.
