En un muy corto periodo de tiempo, dos ciudadanos han sido absueltos en las causas por las cuales habían permanecido varios años en prisión. En ambos casos, el Estado ha sido condenado a indemnizarlos. Necesitamos una Justicia independiente; es urgente quebrar la desigualdad. ¿Por qué la prisión para los pobres y medidas alternativas para quienes ostentan poder y dinero?
El principio universal de la igualdad reconoce que las personas tienen los mismos derechos, libertades y oportunidades. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala claramente: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales”. Y el número 2 profundiza: “Todas las personas son iguales con independencia de su raza, color, sexo, idioma, religión, política o el lugar donde haya nacido”.
En esta misma línea, nuestra Constitución Nacional, en su artículo 46, establece: “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos, y que no se admiten discriminaciones”. En el siguiente artículo nuestra Carta Magna dice que el Estado garantizará a todos los habitantes la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; la igualdad ante las leyes y la igualdad de oportunidades. Es muy relevante recordar estas palabras, que deberían ser más que enunciados y estar, en cambio, encarnadas en la realidad. Lamentablemente, en el Paraguay estamos lejos de lograrlo. Recientes acontecimientos en el ámbito del sistema judicial así lo corroboran.
El Estado paraguayo fue condenado por error judicial, en el caso de una docente que estuvo presa 2 años, 9 meses y 7 días, acusada de la muerte de su pequeño hijo, de la que al final fue absuelta.
La causa había iniciado en 2013, cuando el fiscal Darío Villagra imputó a Clementina Ruiz Díaz Ojeda por homicidio doloso y pidió su prisión preventiva; de acuerdo con la imputación, mató a su hijo recién nacido y luego lo enterró en la huerta de su casa, en la compañía Pacheco, de Carapeguá. Ella explicó que su hijo había fallecido y que, como no sabía los pasos legales para la sepultura, optó por enterrar el cuerpo en su jardín. Su caso recién llegó a juicio oral el 1 de agosto del 2016, casi 3 años después, y los jueces la absolvieron de culpa y reproche; después de quedar firme la resolución, en julio del 2018, la mujer planteó la demanda contra el Estado por indemnización por daños y perjuicios por ser los funcionarios públicos, funcionarios mandatarios o representantes del Estado.
Hace menos de una semana se había informado de un caso similar, en el cual también el Estado fue condenado por un error judicial. Marcelo Manuel Romero demandó al Estado paraguayo por indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual porque estuvo preso sin motivo. Por esto solicitó la indemnización por daños y perjuicios, además de daño moral, psicológico o psiquiátrico.
Se debe instar fervientemente a los funcionarios del Estado, a que pongan más compromiso en la realización de sus tareas, considerando que será con los impuestos de la ciudadanía que se indemnizará a estas personas, aunque nada compesará haber estado encarceladas injustamente.
Lamentablemente, este no es el único reclamo a quienes forman parte de nuestro sistema de Justicia. De la misma manera en que fiscales y jueces actúan con indolencia cuando los imputados son personas sin recursos, es inevitable recordarles la diferencia del tratamiento de los casos cuando los imputados son autoridades o personas con poder económico.
Como bien señalaba un funcionario recientemente “en Paraguay estamos ante una política judicial que criminaliza la pobreza”, mientras que personas que ostentan poder son condenadas a pasar sus días en sus casas; exactamente como se ha desarrollado el caso de Dalia López. La empresaria fue hallada por la policía después de estar en búsqueda y captura por seis años, e inmediatamente en el Departamento Judicial Femenino se montó una sala vip para su reclusión. Después, el mismo sistema judicial que mantuvo a una maestra y a un joven trabajador injustamente en prisión por varios años, decidió que la empresaria merecía un arresto domiciliario con tobillera. Como vemos, la desigualdad marca todos los aspectos de la vida nacional. En el caso de nuestro sistema judicial no solamente discrimina, sino que además, comete muy caros errores.
Y es hora de que todos quienes integran el sistema judicial repasen el artículo de la Constitución que determina que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos y que el Estado debe garantizar a todos los habitantes igualdad para el acceso a la justicia.
