El audio de una conversación entre un candidato colorado a concejal de Ciudad del Este y el senador colorado Javier Zacarías Irún, difundido recientemente, revela reclamos y pedidos económicos en una presunta trama de uso indebido de influencias. En este caso, se trataría de negociaciones que involucran a la Itaipú Binacional, donde el hermano del senador ocupa actualmente el cargo de director.
De acuerdo con los titulares, el audio en cuestión revela “pecheo” de cargo de Itaipú a Zacarias Irún. Por pecheo, en la región, se entiende como pedir favores; quien pide y reclama en este caso es un candidato a concejal municipal en Ciudad del Este, y se lo pide a un senador, cuyo hermano es el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún.
En la grabación, ampliamente difundida, el candidato colorado a concejal Osvaldo Sánchez formula reclamos al senador también colorado Javier Zacarías Irún. Durante la conversación, Sánchez insiste en el pago de unos “7.000” al senador, y además demanda que desde febrero espera una respuesta sobre un trámite que supuestamente fue “trancado” por Justo Zacarías Irún para que su hermano acceda a un cargo en Itaipú.
Cuando fue consultado, Osvaldo Sánchez confirmó la autenticidad del audio filtrado y sostuvo que el senador le adeuda la suma de 7.000 dólares desde hace un año, aunque aclaró que la deuda no tiene relación política. Por su parte, el senador aseguró que Sánchez abandonó el equipo político porque “no consiguió lo que quería” y explicó que los USD 7.000 corresponden a gastos vinculados a gastos de campaña y trabajos políticos. En cuanto al pedido de un contrato en Itaipú, Zacarías Irún negó cualquier tipo de intercambio político y argumentó que la conversación “es la prueba concreta de que nuestro movimiento, y especialmente mi hermano, como director general de Itaipú, no se presta a situaciones de ‘yo te doy, vos me das’”.
Pese a haber minimizado la situación, las reacciones muestran, por el contrario, la gravedad de los hechos y sus implicancias.
Como era de esperar, el cartismo cierra filas alrededor del senador Zacarías e incluso el líder de la bancada, Natalicio Chase, señaló que los audios filtrados muestran que su correligionario solo estaba haciendo “gestiones” para un operador político, como “ocurre normalmente”. Mientras que la disidencia opinó –aunque con tibieza– que hubo tráfico de influencias, pero nadie habló de una posible expulsión.
Referentes de la oposición en la Cámara de Senadores, por su parte, opinan que, efectivamente, se trata de uso indebido de influencias y que analizarán con los demás opositores el posible pedido de pérdida de investidura.
Es oportuno señalar que el plenario de la Cámara de Senadores actúa de maneras inescrutables cuando votan sin consideración ni dudas por la pérdida de investidura de una senadora como Kattya González, a quien incluso el líder de la bancada cartista Natalicio Chase trató como “delincuente”, cuando en realidad tanto la Fiscalía como la Contraloría dictaminaron que no había prueba alguna en el caso de la senadora, por lo que la causa fue desestimada. Por esto se considera la expulsión de la senadora opositora como arbitraria.
En los casos que involucraban a otros senadores, que votaban al lado del oficialismo cartista han tenido una paciencia casi infinita. Recordemos el caso de Javier Vera y Norma Aquino. Ella fue expulsada después de que se filtraran unos audios en los que se mencionaba una supuesta repartija de una donación de Taiwán. La parlamentaria mencionó a varios senadores de Honor Colorado, y también citó el reparto de cargos en las binacionales, como Itaipú, para favores políticos.
En cuanto a Javier Chaqueñito Vera, dejó de ser senador el 30 de marzo pasado, luego de que se filtrasen audios en los que hablaba de mantener relaciones sexuales con personas menores de edad; Honor Colorado, que lo había “adoptado” como miembro, al final decidió su expulsión.
Es imperativo que se ponga fin a la impunidad que rodea en la mayoría de los casos de tráfico de influencias. Al mismo tiempo, debe operarse un cambio en el enfoque de la forma de hacer política por parte de nuestra clase dirigente, pues ya es inadmisible que se sigan amparando en la impunidad cada vez que surgen indicios de su abuso de poder. Urge, sobre todo, que la política vuelva a ser sinónimo de servicio al pueblo, a todos los paraguayos y paraguayas.
