La Fiscalía General del Estado conformó un equipo de agentes de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y de Derechos Humanos para iniciar una investigación penal exhaustiva sobre los hechos ocurridos durante el confuso procedimiento de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), donde dos miembros de una comunidad indígena Y’apo, en Canindeyú, resultaron muertos durante un supuesto fuego cruzado con los antidrogas.
Ante está situación, los fiscales asignados deberán llevar adelante las diligencias correspondientes para esclarecer de forma urgente las circunstancias del Operativo Redención, desplegado en la localidad de Corpus Christi.
El operativo terminó de manera trágica con la muerte del docente Catalino Correa y del líder indígena Antonio Carrillo, quienes cayeron abatidos tras recibir disparos por parte de las fuerzas operativas en circunstancias que ahora están bajo la mira de la justicia y siendo cuestionada por varios sectores sociales.
El equipo fiscal está integrado por los agentes Abelino Bareiro, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Saltos del Guairá; Óscar Paredes, de la Unidad Penal de Katueté; Sonia Sanguinés, de la Unidad de Derechos Humanos, y Carlos Alejandro Cardozo, de la Unidad de Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado. Todos ellos fueron asignados por el fiscal adjunto Roberto Zacarías.
pedido. Por nota, el fiscal adjunto Diego Arzamendia, responsable del Departamento de Canindeyú, solicitó la conformación de un equipo de trabajo para garantizar la máxima transparencia en la recolección de evidencias científicas, la toma de testimonios claves a los testigos vecinales y la pericia de las armas utilizadas, con el fin de determinar si existió un uso desproporcionado de la fuerza, una negligencia táctica o una violación directa a los protocolos internacionales de derechos humanos por parte de los agentes especiales involucrados en el tiroteo.
Se trata de la investigación de la causa 534/2026, “Ministerio Público en averiguación sobre supuesto hecho punible contra la vida y otros”, además de la causa 535/2026, caratulada: “Ministerio Público contra Bruno López Ortiz y otros sobre transgresión a la Ley 7411/24 y otros”.
dudas y cuestionamientos. Según el reporte oficial de la Senad, las víctimas Correa y Carrillo fueron abatidos durante un enfrentamientos con agentes especiales que estaban llevando adelante un operativo en la zona de Canindeyú, en combate a una estructura narco. Además, señalan que los fallecidos serían hombres fuertes de la organización criminal liderada por Felipe Santiago Acosta, alias Macho.
Sin embargo, miembros de la comunidad indígena Yhapo 4, de Corpus Christi, negó que las dos personas sean criminales y denunciaron presuntas irregularidades en el operativo.
La comunidad mencionó como uno de sus argumentos los videos difundidos después del procedimiento, en los que, según indican, se observa al docente Catalino Correa participando minutos antes en el festejo por el Día del Niño en la institución educativa donde enseñaba. También denunciaron vestigios de torturas en los cuerpos de las víctimas.
La Conapi exige esclarecer los “graves hechos”
La Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (CONAPI), órgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), integrada por diferentes representantes de equipos locales diocesanos que trabajan en las comunidades indígenas a nivel nacional, expreso su profunda consternación, indignación y dolor ante los graves hechos ocurridos en la comunidad indígena Y’apo, del pueblo Ava Guarani, distrito de Corpus Christi.
“Ante la gravedad de estos hechos, Conapi no puede permanecer indiferente ni guardar silencio. La pérdida de vidas humanas en el contexto de un conflicto que involucra a una comunidad indígena constituye un hecho de extrema gravedad que exige una respuesta firme, responsable y transparente de las instituciones del Estado”, dice parte de un comunicado.
“Expresamos nuestras más profundas condolencias y nuestra solidaridad a las familias de las personas fallecidas y a toda la comunidad indígena Y’apo... Instamos o exigimos a las autoridades competentes una investigación exhaustiva, objetiva, independiente, imparcial y transparente, que permita establecer con absoluta claridad qué ocurrió realmente en la comunidad indígena Y’apo. La sociedad paraguaya tiene derecho a conocer la verdad. Las familias de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad”, resalta el escrito.
Por último, señala: “Recordamos que el Estado paraguayo tiene la responsabilidad de garantizar la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, así como de proteger de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Nacional”.
