El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, confirmó a ÚH que ya se remitieron todos los informes que había solicitado el fiscal Julio Ortiz, quien investiga el cuestionado contrato de quirófanos modulares. Está nueva tanda de documentación enviados al Ministerio Público detalla el avance de las obras de los quirófanos modulares en la sede central y los equipos provistos, entre otros.
A través de una nota, el fiscal pidió la semana pasada la entrega de esos informes, con su documentación respaldatoria para corroborar hasta dónde la empresa Neighpart cumplió con el contrato, así como la verificación y contabilización de los equipos entregados por la firma y los pagos desembolsados. Además, se enviaron copias de las resoluciones que designaron a ordenadores de gastos entre el 2022 y el 2025.
Este es el segundo pedido de informes proveídos por IPS a la Fiscalía. La previsional ya había enviado la semana pasada las actas y resoluciones de las reuniones del Consejo, que la Fiscalía requirió para determinar las responsabilidades de los consejeros que avalaron las adendas, con los que ampliaron el plazo de entrega a Neighpart de los equipos para quirófanos modulares, que hasta la fecha no existen.
En esta causa, la Fiscalía presume que hubo un perjuicio patrimonial de G. 61.000 al IPS. Por ello ya están imputadas nueve personas, entre ellas, los ex presidentes de la previsional, Vicente Bataglia y Jorge Brítez.
Consejo. Durante la sesión ordinaria de ayer del Consejo de Administración del IPS, el consejero José Emilio Argaña, pidió un informe técnico a empresa Neighpart que fundamente la suspensión o interrupción de la ejecución del contrato. “En ningún momento al Consejo vino la comunicación de que se paró la obra. Estábamos convencidos de que la obra estaba continuando. Fue una sorpresa y más sorpresa cuando nos dicen que ese lugar (la nueva construcción) había sido no era el lugar adecuado”, expuso.
También solicitó que la empresa informe el motivo del porqué la nueva obra que se inició IPS no es apta para el quirófano, ya que esa información solo obtuvieron de manera informal.
Esta construcción comenzó la previsional como un plan B para instalar los quirófanos modulares, teniendo en cuenta que el séptimo piso, destinado para las salas de cirugías, no contaba con la estructura edilicia para resistir el peso de los equipos.
“En aquel entonces nos dijeron que ese era lugar adecuado para instalar los quirófanos modulares y resulta que hoy se escucha por la prensa que el lugar no es el adecuado, que hay que buscar la nueva alternativa y nosotros hasta hoy no tenemos oficialmente un informe”, cuestionó Argaña.
Al respecto, el presidente de IPS mencionó que se debe evaluar lo qué pasó allí, ya que otra empresa la que determinó que la nueva obra no podría seguir, alegando que había instalado tubos de helio, por lo que no se podría realizar el cimiento debido para la estructura.
Migraciones envía los registros de Bataglia al agente fiscal Ortiz
Desde la Dirección Nacional de Migraciones, su titular Jorge Kronawetter, confirmó que ya remitió al Ministerio Público un informe respecto a los datos migratorios de Vicente Bataglia, el ex presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), imputado por una supuesta lesión de confianza de G. 61.000 millones en un contrato de quirófanos modulares.
Si bien se desconoce el contenido del informe, el director de Migraciones ya confirmó que los datos están en manos de la Fiscalía.
Según el abogado defensor Arturo Daniel, Vicente Bataglia había salido del país el 23 de julio pasado con destino a Italia para un curso médico; sin embargo, su vuelta fue bastante confusa, ya que hasta el momento no se pudo determinar su ingreso al país. Se estima que evadió los controles, puesto que pesaba una orden de detención en su contra.
Además tampoco se logró certificar la fecha de su retorno al país. Bataglia se presentó ante la Fiscalía el pasado 12 de agosto, en compañía de su abogado. Ese día, bien temprano, antes de las 07:00, Bataglia ya estaba en la sede del Ministerio Público, donde se abstuvo a declarar y se le levantó la orden de arresto.
Ahora, el fiscal Julio Ortiz debe evaluar si el encausado realmente salió o no del país, y cuándo volvió y por qué medio lo hizo.
Imputado. Vicente Bataglia –quien estuvo al frente del IPS del 11 de marzo de 2021 y hasta agosto de 2023, fecha que renunció– está sindicado de ser uno de los responsables de ocasionar un perjuicio patrimonial de más de G. 61.000 a la previsional.
Las irregularidades del contrato con Neighpart
Plazos vencidos. Tres años después de que se firmara el contrato con la firma de la Adenda N° 3, el 29 de julio del 2022, se amplió el plazo inicial para la entrega de los equipos y recién en ese momento se iniciaron los trabajos, pero el contrato ya estaba incumplido por la firma Neighpart.
Sanciones. Ante el incumplimiento del contrato, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas recomendó “la suspensión e incluso el inicio de investigaciones y la aplicación de sanciones por parte de los responsables”. Pese a eso y otras irregularidades, se habían suscripto las adendas N° 3 y N° 4 que ampliaba el plazo y otorgaba pagos.
Esto evidenció, según la Fiscalía, la falta de planificación y los millonarios pagos injustificados.
Auditoría interna. A través de las adendas N° 5, 6 y 7, el entonces presidente Jorge Brítez aprobó nuevos plazos y un cronograma de ejecución, pese a tener un “pleno conocimiento del resultado de la auditoría N° 12/2024, de fecha 25 de abril de 2024, que reveló una serie de irregularidades en el incumplimiento del contrato inicial N° 6/2020.
Beneficiaron a la empresa. Según las sospechas de la Fiscalía, Jorge Brítez, Jaime Caballero, Marcelo Bordón y Verónica Blanco Bogado, firmantes de la Adendas N° 5, 6 y 7, “con sus conductas habrían otorgado condiciones más ventajosas al proveedor Neighpart Saeca”, al modificar los plazos, con respecto a la ejecución, reajustando las formas de pago, con lo que se habría ocasionado una perjuicio patrimonial millonario al Instituto de Previsión Social de G. 61.000 millones.
Desorden. La investigación del Ministerio Público también revela que las adendas aprobadas por el Consejo de Administración “eran indebidas y estaban desordenadas, y esa misma conducta se repitió por largos años por los ahora imputados en la causa.
