Hace más de veinte años escribí una columna titulada “El prodigioso excusómetro”, en la que analizaba las justificaciones infantiles e increíbles a las que apelaban los políticos paraguayos para hacerse los tontos. El recordado escritor guaireño Caio Scavone fantaseaba con la existencia de un dispositivo fantástico –el excusómetro– que proporcionaba sofisticados pretextos capaces de disfrazar situaciones que no encajan en ninguna lógica racional.
Me acordé del surrealista aparato al escuchar los argumentos de algunos legisladores para defender la continuidad de la Caja Parlamentaria. De entrada, hay que decir que su derecho a una jubilación es discutible, ya que ellos perciben dietas, no salarios, pues no existe relación laboral con el Estado. Paraguay es el único país del Mercosur que mantiene una caja de jubilaciones exclusiva de ese tipo.
Es un privilegio autoasignado, pero existe desde hace años. Su dinero es administrado por un Fondo de Jubilaciones y Pensiones para Miembros del Poder Legislativo que, históricamente, ha operado bajo reglamentos internos y leyes específicas que no obligan a una rendición de cuentas rigurosa. Sorprende constatar que muchos parlamentarios desconocían los detalles de su funcionamiento. Recién con la presión ciudadana y las leyes de transparencia se supo que hay alrededor de 200 ex parlamentarios beneficiarios.
Aquí aparece el primer argumento que desafía el sentido común. La Caja tiene una “sostenibilidad mágica”, según sus defensores. Dicen que eso está asegurado hasta el 2040, lo que no parece muy tranquilizador, pues en menos de tres periodos legislativos la Caja explotará. Algo no muy difícil de imaginar cuando se tiene una cantidad inamovible de aportantes –125– y un número incesantemente creciente de jubilados. El día de la “explosión” reclamarán sus inalienables “derechos adquiridos” y estaremos obligados a pagarles.
Han descubierto una alquimia financiera y nos aseguran que no hay error de cálculo: su universo poblacional, dicen, no solo es viable, sino que les permite jubilarse con solo diez años de “arduo trabajo” sin que el sistema colapse.
A propósito, la caja vulnera brutalmente el principio de igualdad garantizado por los artículos 46 y 47 de la Constitución Nacional. Un régimen jubilatorio especial para políticos crea una inconstitucional casta de privilegiados. Mientras se le exige al paraguayo común un sacrificio de décadas, el legislador obtiene el mismo derecho en apenas 10 años.
Vamos a otro embuste. Ante las críticas ciudadanas, los legisladores dicen que, a partir de ahora, la Caja será privada y ya no recibirá dinero público. Renunciarán, patrióticamente, a los G. 4.500 millones que se habían asignado en el presupuesto de 2026 para cubrir su déficit. Serán como un club privado y se sostendrán exclusivamente con los aportes de sus miembros. Si les va mal será problema de ellos y no afectarán al Estado.
Jurídicamente, la Caja Parlamentaria es un ente de derecho público. Fue creada por ley y sus reglas de funcionamiento son establecidas por el Congreso a través de leyes. Al ser una entidad creada por el Estado para gestionar fondos de servidores públicos, no entra en la categoría de asociación “privada”. Si así fuera, el aporte debería ser voluntario y no habría un descuento compulsivo de la dieta impuesto por una ley.
Informes oficiales señalan que el Estado paraguayo ha transferido entre 2004 y 2017 nada menos que G. 104.000 millones a la Caja para mantenerla a flote. ¿Devolverán ese dinero? ¿Dejarán de cargar sobre los hombros del Estado los sueldos de los funcionarios de la Caja –comisionados de ambas Cámaras– que suman más de 2.000 millones anuales? La respuesta obvia es no.
Por lo tanto, cuando un legislador diga que su Caja no le cuesta nada al erario público, pero año a año se aumenta su dieta para cubrir sus aportes, recuerde que cada guaraní saldrá, directa o indirectamente, de su bolsillo. La Caja Parlamentaria debe integrarse al sistema de jubilación general, sea del IPS o la Caja Fiscal común. Aunque el excusómetro sostenga lo contrario.
