El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Raúl Torres Kirmser, envió un nota al titular de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar, argumentando que el dictamen que fue enviado al pleno, sobre la iniciativa de reglamentar la declaración jurada de bienes, fue elaborado por la ministra Gladys Bareiro de Módica y que no se trata de una postura institucional.
Torres Kirmser explicó que el dictamen sobre el proyecto de ley que modifica varios artículos de la reglamentación del artículo 104 de la Constitución Nacional se hizo a solicitud de Bareiro, “sin que ello exprese la opinión de los (demás) ministros”. El documento generó críticas y fue considerado como una intromisión.
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El dictamen enviado a la Cámara Alta recomendaba modificar la redacción del proyecto de ley “de manera a no afectar otros derechos de máxima jerarquía constitucional y legal, así como armonizar el sistema normativo nacional”.
Además, el presidente de la máxima instancia judicial expuso que el documento tiene su firma y fue remitido por él debido a su cargo, como el principal representante de la Corte Suprema, “como lo establece la ley”.
El proyecto de ley sobre las DDJJ fue tratado por los senadores la semana pasada. En medio del debate, diferentes senadores, entre ellos el proyectista Paraguayo Cubas y Desirée Masi, criticaron la injerencia del Poder Judicial en un debate legislativo. Hasta advirtieron que lo ocurrido podría ser causal de juicio político.
Desirée Masi consultó al plenario quién solicitó el dictamen de la Corte, del cual nadie se hizo cargo en el Senado. “Es una clara intromisión del presidente de la Corte en un proceso legislativo. Es inaceptable”, refirió.
“Más allá del proyecto en cuestión, desde cuándo un ministro de la Corte se mete en el proceso legislativo. Que se rechace esa nota”, insistió la legisladora.
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La Cámara de Senadores aprobó la modificación del artículo 104 de la Constitución Nacional, por la cual se establece, entre otros puntos, la obligatoriedad de la publicidad de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios.
El documento debe ser estudiado en Diputados.
