En su sesión plenaria, la Corte Suprema de Justicia estudió las ternas de candidatos, entre ellos, los ministros confirmaron en el cargo a la jueza Cristel Müller de Peralta, quien había sido denunciada por el gremio de abogados de Cordillera.
Müller había sido denunciada por la abogada Rosa Ysabel Pérez, presidenta del Colegio de Abogados Unidos de Cordillera, junto con una comitiva, quienes solicitaron audiencia para adjuntar la denuncia firmada por varios profesionales del Derecho.
Según señala, los hechos eran graves y verificables que “comprometen el decoro judicial, la regularidad del proceso, la confianza pública en la administración de justicia y, de manera central, el derecho a la defensa en su dimensión institucional, por lo que solicitan la intervención urgente”.
Una de las afectadas por los maltratos, la abogada María Solís, explicó que durante un juicio oral realizado en octubre del año pasado, solicitó la inclusión de cuatro testigos, a lo que la magistrada Cristel Müller, antes que resolver, comenzó a ofenderla, a criticar su trabajo, diciéndole que era negligente, que no hizo su labor, y que los jueces no podían admitir esa situación. Refirió que todo esto se produjo frente al acusado y a los familiares. Indicó que incluso su defendido quiso defenderla, pero la abogada solicitó calma para que no pasara a mayores.
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“Incluso la madre del acusado me expresó: “La jueza ya dijo que vos no hiciste nada por el caso de mi hijo; no sé si seguir confiando en vos...”, remarcó Solís.
Sin embargo, en el pleno, los ministros explicaron que realizaron el análisis de la denuncia y que no tenía la entidad suficiente para no confirmar a la jueza de Sentencia en el cargo, por lo que la ratificaron.
Control de procesados
En la sesión plenaria, después, a pedido de la ministra Carolina Llanes, la Corte aprobó una acordada para implementar un sistema de comparecencia digital de procesados y condenados que cuentan con medidas alternativas o beneficios distintos al de la privación de libertad dentro del fuero penal.
Según explicó, la intención es implementar la medida de forma gradual en el Departamento Central y en la Capital, para luego extender la aplicación del sistema a todo el país.
La misma señaló que se busca fortalecer el control que realizan los jueces sobre el sometimiento de las personas con procesos penales.
De esta manera, los que deben comparecer de forma mensual ante los tribunales, podrán hacerlo de manera digital y no presencial, con lo que se facilitaría el control de los juzgados, según Martínez Simón.
Por su parte, el ministro César Garay sugirió algunas modificaciones que posteriormente serán circularizadas y analizadas.
Los afectados por la acordada son los procesados con medidas alternativas a la prisión, los que tienen suspensión condicional del procedimiento, y los condenados con la suspensión a prueba de la ejecución de la condena.
