Repasemos las últimas chambonadas (por decir lo menos). Por instrucción del procurador Sergio Coscia, Petropar aceptó pagarle siete millones de dólares a una firma argentina, Texos Oil, que reclama judicialmente más de 30 millones porque le cancelaron una adjudicación para la provisión de combustible. Los argentinos fueron inhabilitados cuando se descubrió que su capital operativo era de 100.000 pesos. Fue como contratar a una despensa de barrio para que provea trasatlánticos.
Todos los abogados consultados coinciden en que no existe la menor posibilidad de que Texos Oil gane la demanda. Sin embargo, el procurador instruyó la firma de un generoso acuerdo extrajudicial, por el cual el abogado de la compañía argentina recibiría el 40% de los siete millones. El afortunado es un tal Abel Germán Ávalos, hombre que en el pasado fue funcionario de la misma procuraduría, de la Contraloría General de la República, de la Justicia Electoral y síndico del BNF. Puras coincidencias.
Cuando el caso se hizo público, el siempre locuaz Coscia se limitó esta vez a declarar a través de su cuenta en el Twitter que el presidente desconocía la operación.
Si esto fuera cierto, lo lógico sería que Abdo apareciera furioso ante las cámaras ratificando que el acuerdo se gestó a sus espaldas y anunciando la destitución inmediata del procurador y la investigación del caso. Una simbólica patada en el coxis de su subalterno era lo menos que se podía esperar.
Pero no, el presidente no dijo una sola palabra. Es más, lejos de despedirlo, aceptó la renuncia de Coscia e incluyó la balsámica frase “dense la gracias por sus servicios”. En el menor de los casos, sonó a complicidad.
Todavía no nos recuperábamos del culebrón cuando el Washington Post publicó una investigación sobre operaciones realizadas por el equipo de Juan Guaidó, presidente testimonial de Venezuela, con algunos de los gobiernos que lo reconocen, buscando hacerse con activos que mantiene el país en el exterior. Uno de esos activos es la deuda de Petropar con la venezolana PDVSA.
De acuerdo con el periódico, Guaidó pretendía cobrar parte de la deuda concediendo una quita de los intereses más la mitad del capital adeudado y pagando los honorarios de un abogado argentino que oficiaba de intermediador. Según se desprende de la publicación, los honorarios que recibiría el abogado, unos 26 millones de dólares, eran en realidad la comisión que recibiría el Gobierno paraguayo por aceptar la oferta.
El comisionado que nombró Guaidó para llevar adelante esta operación, Javier Troconis, declaró ante el Congreso de su país que conoció al abogado argentino, Sebastián Vidal, en Paraguay, en la residencia presidencial. Lo describió como un hombre que tenía afinidad con el Gobierno paraguayo.
Por muchas razones que no vienen al caso, la operación nunca se concretó; pero si hubiera ocurrido, el abogado habría cobrado su parte. ¿Con quién la repartiría?
El jefe del Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, asegura que Vidal era el abogado del equipo de Guaidó, y desde Venezuela dicen que era del equipo de Abdo. Se supo que Vidal es abogado de un tío del presidente que reside en Argentina.
¿Qué dijo el presidente sobre el tema? Nada. Ni una palabra.
En ambas historias estamos ante la sospecha de casos de coima o peajerismo en grado de tentativa. La misma petrolera estatal, dos abogados a punto de forrarse y un silencio presidencial que suena a confesión. Un mandatario que tambalea, sostenido apenas por una operación cicatriz que supura y apesta.
