La propuesta de eliminar gastos superfluos es una exigencia indiscutible. Sin embargo, su instrumentalización en época de elecciones o de crisis como la actual huelga del personal médico no concluye en soluciones estructurales. Al final, los recortes terminan siendo cosméticos y mínimos, solo para apaciguar el malestar ciudadano de forma temporal, sin desmantelar el entramado de prebendas y el clientelismo que caracteriza el presupuesto ni atacar definir claramente el origen de esos gastos. Cuando pasa la crisis, termina el ciclo electoral o se aprueba el presupuesto la mayor parte de estos recursos permanecen o al año siguiente se reponen.
La falta de soluciones de fondo lleva a un debate falaz que a la vez de desviar la mirada de los rubros relevantes en monto y necesidad ubica los gastos superfluos solo en el gasto corriente aprovechando el mito de la ortodoxia económica de que el gasto corriente es improductivo. Esta mirada parcial deja de lado el gasto superfluo en gasto de capital como construcciones con bajo valor público.
Ni el gasto corriente es improductivo ni todo gasto de capital tiene valor público, por lo tanto la discusión de los gastos superfluos y de la calidad del gasto tiene que poner la mirada en los dos tipos de inversión.
Si el Estado no invierte en salarios dignos y capacitación permanente para los recursos humanos, insumos para educación y salud, mantenimiento de los establecimientos y de las vías de comunicación, combustibles para ambulancias, transporte escolar y logística oportuna, becas de estudio, pago de agua, luz e internet en los establecimientos públicos, alimentación escolar, se generan los problemas que ya conocemos: Techos que se caen, escuelas y establecimientos de salud sin baños, bajos niveles de aprendizaje, enfermedades y muertes por enfermedades que eran posibles prevenir y curar incluso a bajo costo, endeudamiento de los hogares, inexistencia de caminos de todo tiempo, bajo acceso a mercados, entre otros problemas. Todo esto es gasto corriente.
Por otro lado, hay gasto de capital de dudoso valor público ya que benefician a determinados sectores económicos que además como contribuyen poco a su pago, la ciudadanía en general debe destinar parte de sus impuestos a financiar obras que no le sirven.
El escenario se agrava cuando se desatan crisis como huelgas o malestar ciudadano que genera crisis de gobernabilidad, descreimiento de la política, justicia por mano propia. Nada de esto compatible con la aspiración de desarrollo y democracia.
La narrativa económica ortodoxa sostiene que el Estado debe recortar los gastos “superfluos”, casi siempre centrados en el gasto corriente para liberar recursos. Se asume, casi por dogma, que el asfalto, los puentes y las grandes obras tienen un retorno económico y social siempre positivo.
La infraestructura física puede tener retornos económicos y sociales bajos, e incluso negativos, por dos razones. La desconexión con las necesidades reales de la población y la captura del Estado y los sobrecostos. ¿Por qué no se incluyen como gastos superfluos, más allá de viáticos o catering, a los sobrecostos, los márgenes de beneficio en las compras públicas, las obras con escaso valor público, el gasto tributario sin evaluación de impacto?
El debate necesita superar la limitada perspectiva de los recortes con sesgos populistas y replantear el análisis de la ineficiencia estatal. Necesitamos ampliar y sincerar el debate sobre el concepto y la verdadera dimensión de los “gastos superfluos” y de la “calidad del gasto”, asumiendo que hay despilfarro no solo en los privilegios burocráticos del gasto corriente, sino también en otros ámbitos que no aparecen en la discusión porque toca cifras elevadas e intereses particulares.
El retorno social y económico de los gastos públicos debe estar en el centro de la discusión, sean corrientes o de capital. Solo así será posible mejorar las asignaciones presupuestarias, dar respuesta a las necesidades de la población y garantizar la sostenibilidad fiscal que respalde el desarrollo y la gobernabilidad democrática.
