Hugo Javier González se puso a disposición de las autoridades este viernes y quedó detenido tras presentarse a una audiencia ante la fiscala Sandra Ledesma. El gobernador de Central se encuentra en estos instantes en el Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo para definir su situación jurídica.
Ledesma mantuvo la orden de detención contra González, emanada por la fiscala Mirtha Ortiz, quien imputó al ex animador de fiestas. Horas después de formular la imputación, Ortiz fue recusada por la defensa del político.
Tras la audiencia en la Fiscalía, González fue trasladado hasta el Juzgado para una audiencia de imposición de medidas, confirmó su abogado defensor César Núñez a Telefuturo.
La imputación refiere que el gobernador realizó un festejo de cumpleaños con varias personas en la sede de la Gobernación de Central.
Nota relacionada: Hugo Javier se presentó ante nueva fiscala de su caso, tras recusación
El juez Miguel Bernardes deberá definir en primer lugar si admite el acta de imputación que la fiscala recusada Mirtha Ortiz presentó contra el político. La imputación no fue admitida por la mesa de entrada del Juzgado, debido a que era feriado y el gobernador aún no estaba detenido.
Posteriormente, el magistrado deberá resolver si dicta prisión preventiva o bien medidas alternativas para el gobernador.
El abogado César Núñez aseguró que en la Gobernación de Central no se realizó ningún cumpleaños ni festejo. Insistió en que el Ministerio Público no cuenta con ningún elemento que demuestre que el jefe departamental incumpliera las prohibiciones sanitarias dentro de la cuarentena inteligente por Covid-19.
También puede leer: Ordenan la captura de Hugo Javier por violar cuarentena
La denuncia fue presentada por un testigo que participó del festejo el día miércoles y se presentó a declarar este jueves en la sede fiscal de Luque. El Ministerio Público se constituyó en el lugar donde se encontró con bocaditos y tortas, además realizó una allanamiento para incautar el video del circuito cerrado del lugar.
De comprobarse el incumplimiento de cuarentena, el gobernador y otras personas deberán ser castigados conforme a la Ley 716/96. La normativa tiene una sanción de seis a 18 meses de pena privativa de libertad.