El Juzgado de Garantías 5 de Ciudad del Este, a cargo de la jueza Cinthia Garcete Urunaga, no hizo lugar al hábeas corpus presentado por los abogados del ciudadano Walter Ramón Acosta para garantizar el derecho a la circulación.
El planteamiento había sido presentado debido a declaraciones públicas de un jefe policial que mencionó prohibiciones a la ciudadanía esteña que, según Acosta, no estaban incluidas en decretos o normativas vigentes.
El habéas corpus fue rechazado por considerar que el comisario Antonio Huerta solamente manifestó lo estipulado dentro del Decreto 3900, que dispone la cuarentena total en Alto Paraná.
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La jueza se basó en las grabaciones a las que accedió y transcribió las declaraciones del comisario a un medio de comunicación, en la que habla de no circular el día domingo sino es por medida de urgencia o alguna otra situación, excepto para trabajar como los supermercados, servicentros, farmacias o industriales.
En el escrito, los abogados de Acosta habían alegado que el comisario habló de una prohibición total de circulación el día domingo, como así también después de las 17.00 de lunes a viernes, incluso para abastecerse de alimentos, en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19).
La magistrada dijo que no desconoce el derecho de los ciudadanos de circular libremente, sin embargo, ningún derecho es absoluto y en este caso el derecho de los ciudadanos a la salud y la vida están por encima de la libertad de locomoción ante las circunstancias especiales que está viviendo Alto Paraná, a la vez de mencionar que la restricción es temporal, por tanto no atenta contra la dignidad humana.
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A raíz de la acción presentada por los abogados, la Policía Nacional emitió una aclaratoria en la que mencionaba que las expresiones del comisario Huerta fueron tergiversadas y que solamente se abocan al cumplimiento del decreto presidencial, que estableció la cuarentena total en Alto Paraná por el aumento de casos y la saturación de los servicios.
El abogado Pedro Fernández dijo que la magistrada habló más bien de la salud y no de la parte de jurídica y que apelarán la decisión de la magistrada.
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En ese sentido, refirió que ellos están de acuerdo con el decreto, pero no con que la Policía Nacional aumente las prohibiciones estipuladas por el Ministerio de Salud.
