El Juzgado ordenó la prisión preventiva del hombre en un establecimiento habilitado por la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, cuyos encargados deberán informar el lugar de reclusión.
El padrastro ya estaba procesado y con prisión preventiva por violación del deber del cuidado y ahora deberá ser trasladado a una penitenciaría por el delito de pornografía infantil.
Asimismo, la jueza Haydée Berlinda Pereira ordenó que el centro penitenciario designado realice todas las medidas pertinentes para la seguridad y la integridad personal del procesado.
El abogado Max Narváez, representante de la madre y del padrastro de la niña desaparecida en Emboscada, calificó este hecho como una “aberración jurídica” y dijo que la magistrada debe decidir en qué penitenciaría debe guardar reclusión su cliente y no dejar esa decisión a las autoridades del Ministerio de Justicia.
“Ella se lava las manos y deja en manos de la autoridad penitenciaria, que no es ninguna autoridad dentro del proceso. Mi defendido no es un condenado, es un procesado que todavía tiene a su favor el principio de inocencia, no hay condena. Sin embargo, ella firma esta aberración, pretende lavarse las manos pero ya tiene las manos sucias”, expresó a un medio local.
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Narváez dijo que la jueza había ordenado la prisión preventiva de su cliente en la sede del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional y que ahora ella misma de desdice de lo que había firmado.
“Borró con el codo lo que firmó con el puño, eso ya es una contradicción que le hace factible de enjuiciamiento. Sus argumentos son débiles, yo entiendo que esta turba de gente pagada que se fue a gritar frente a su casa le hizo perder la imparcialidad y ahora se volvió totalmente parcial”, expresó.
Mencionó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cometió una violación constitucional al citar en Emboscada a los fiscales del caso para que le rindan cuenta sobre lo que está pasando en el expediente.
“Cuándo se ha visto que un presidente le pida a un órgano absolutamente independiente como es la Fiscalía General del Estado, que no depende de ningún poder, que le llame a los fiscales para que le rindan cuenta”, agregó.
Aseguró que este hecho ya fue denunciado en el expediente ante el Juzgado y también lo hará ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Narváez anunció que los fiscales del caso serán “todos recusados en su momento”.
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La niña desapareció el 15 de abril pasado, en la quinta de su padrastro, ubicada en la ciudad de Emboscada, Departamento de Cordillera.
La madre de la niña está con prisión preventiva tras ser imputada por violación del deber del cuidado y abandono. Mientras que el padrastro de la menor está procesado por los mismos hechos y también por pornografía infantil.
