La magistrada es la misma que dio arresto domiciliario a Ramón González Daher, aunque en estas dos causas decretó la prisión de ambos.
El primer caso, la fiscala Alicia Fernández Riquelme imputó por presunto hurto a Horacio Duarte Ramos, un joven de 29 años. El hecho se registró en el local de Biggie que se encuentra sobre la ruta PY03, General Aquino, el pasado Jueves Santo.
Según explica la representante del Ministerio Público, aproximadamente a las 19:50, Duarte entró al local junto a otras personas. En ese momento, de acuerdo con la imputación, el hombre se apropió de un corte de tapa cuadril y luego escaparon del lugar.
Los hombres fueron perseguidos por el guardia Danilo Abel Servín, quien atrapó a Duarte Ramos, y pudo recuperar el trozo de carne, cuyo valor era de G. 172.000, según el informe de la Policía Nacional elevado a la Fiscalía.
La agente, por la complejidad del caso, según dijo, pidió seis meses para investigar, a más de requerir la prisión preventiva, por la gravedad de los hechos.
La audiencia se hizo el Sábado de Gloria, donde la defensora pública de turno, Liz Paola Mongelós, planteó la excepción de falta de acción, ya que la denuncia no la hizo el dueño del local, a más de que era un hecho bagatelario, por lo que requirió eximición de medidas cautelares.
Sin embargo, la jueza Insfrán dijo que existía un hecho punible grave, que habría peligro de fuga y de obstrucción de la pesquisa, por lo que decretó la prisión preventiva del encausado en Tacumbú.
OTRO CASO. El otro caso afectó al indígena Óscar Manuel Pintos Ferreira, un joven de 21 años de la parcialidad Guaraní, quien fue imputado por hurto por la fiscala Cecilia Inés Núñez Castillo.
La agente señaló que en la madrugada del Viernes Santo, cerca de las 04:00 en un local de Biggie, ubicado en Luque, Pintos ingresó simulando ser cliente. Dice la fiscala que, a través de las cámaras de seguridad, se pudo ver que tomó unos chorizos y los metió entre su ropa.
Esto fue advertido por el guardia, quien se acercó al hombre, a quien en ese momento se le cayeron los chorizos. Al final, fue aprehendido y puesto a cargo de la fiscala.
En el caso, la agente solicitó seis meses para investigar por la complejidad del caso. Además, requirió el arresto domiciliario del indígena, a más de otras medidas.
En la audiencia, la defensora pública planteó la excepción de falta de acción, ya que la denuncia no fue presentada por el dueño del local. Asimismo, pidió la eximición de las medidas cautelares, al ser un hecho bagatelario.
La jueza de guardia, Jennifer Insfrán, entendió que era un hecho grave y había peligro de fuga, por lo que decretó la prisión preventiva.
