La fiscala Diana Gómez acusó y pidió juicio oral para el empresario Augusto Montanaro, quien supuestamente compartió imágenes y videos de carácter íntimo-sexual sin consentimiento de la víctima, a través de distintas plataformas.
Está acusado por lesión del derecho a la comunicación y la imagen. Supuestamente, él invitaba a diferentes personas a encuentros sexuales, los que grababa y subía a una plataforma.
En esta causa, su ex pareja alegó que no dio autorización y que él de igual manera mostró y subió las imágenes.
Compartió a través de la red social Top4fans y el portal www.theroyalduck.club. Además, desde su mismo número, difundió los archivos a grupos de WhatsApp, donde había conocidos de la afectada, quienes advirtieron a la mujer víctima.
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Amenazas a fiscala y víctima
El caso saltó a luz en julio del 2024, y meses después, en noviembre, Augusto Montanaro fue imputado por un nuevo hecho, esta vez por supuestamente coaccionar bajo amenazas a la fiscala que en ese momento llevaba adelante su primera causa, Ruth Benítez.
Según la Fiscalía, se comprobó que fue el empresario el que mandó con un delivery tres ramos de flores; uno de ellos recibió en su despacho la fiscala Benítez, de la Unidad de Delitos Informáticos, junto con una carta con amenazas, supuestamente de parte del grupo Anonymous.
En el escrito, se le instaba a proseguir “con absoluto respeto por la verdad y la Justicia” la investigación en el caso donde Montanaro está procesado por la difusión de imágenes íntimas.
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Finalizaba la carta con que “para su propio bienestar y el de quienes lo rodean”, el consejo era “considerar seriamente” el mensaje.
La amenaza también iba contra la denunciante del caso, a quien nunca llegó el ramo ni la carta, ya que la fiscala incautó también ese ramo antes del envío.
Las últimas flores debían llegar a Montanaro, en supuesto apoyo en su causa, pero estas también fueron incautadas.
Trazabilidad de la compra
Finalmente, imágenes del circuito cerrado de la florería ubicaron a Montanaro, preguntando por el precio de los ramos, y habría pagado a un conductor de Bolt para que deje las notas en la tienda.
El caso tomó el fiscal Federico Delfino, quien lo imputó por coacción.
