El magistrado consideró que el Ministerio Público se retractó de su acusación inicial para allanarse a una salida procesal improcedente en el caso, como lo es la suspensión condicional del procedimiento requerida por la defensa.
En el caso, Ingrid Prette Goldenberg está acusada por supuesta producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, en el marco de presuntas notificaciones irregulares diligenciadas en un juicio ejecutivo promovido por Nexo SA contra Priscila Milagros Gutiérrez Duré.
En la preliminar, el fiscal Alcides Corvalán se ratificó de su acusación y pedido de juicio oral y público. Después, el defensor Víctor Rivarola, por la defensa de la encausada, requirió la suspensión condicional del procedimiento, donde la procesada admitió los hechos. Ofreció la suma de G. 200.000 en forma mensual, para la reparación del daño. Ante esto, el fiscal se allanó al pedido.
La investigación se inició el 10 de marzo de 2022, con la denuncia de Priscila Milagros Gutiérrez Duré, por los supuestos hechos de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, donde sindica a Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg.
Según señala, Priscila Gutiérrez contrajo una deuda con el Banco Familiar, con sede en la ciudad de Pilar, en Ñeembucú, deuda que por razones particulares no pudo cumplir.
Después, en diciembre de 2021, al momento de cobrar su salario, Gutiérrez Duré se percató de que sus haberes habían sido embargados en el marco del juicio ejecutivo “Nexo SA contra Priscila Milagro Gutiérrez Duré sobre cobro de guaraníes”, iniciado en Asunción, ante el Juzgado de Paz de la Recoleta, a cargo del juez Víctor Rodríguez Acosta.
La denunciante refiere que al verificar las razones del referido juicio ejecutivo, se dio por enterada de que la empresa Nexo SA había comprado su deuda y que el juicio fue iniciado por la suma de G. 11.780.082.
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La mujer no niega la existencia de su deuda con la entidad bancaria y tampoco la que existe con la empresa de cobranzas, pero sí cuestionó la manera en que fue llevado a cabo el juicio ejecutivo.
Según la investigación, la denunciante sostuvo que nunca recibió las cédulas de notificación supuestamente entregadas en su domicilio de Pilar, pese a que en el expediente figuraban diligencias firmadas por la ujier Ingrid Prette Goldenberg.
En su oposición, el juez López remarcó que el hecho atribuido podría superar el límite de pena requerido para acceder a la suspensión condicional del procedimiento y cuestionó la postura del fiscal Alcides Corvalán.
Esto, porque el agente del Ministerio Público primero acusó con ofrecimiento de pruebas y luego se allanó al pedido de la defensa.
Además, indica que la acusada registra otras causas penales en trámite, entre ellas por lesión de confianza y prevaricato, por lo que concluyó que no puede ser considerada infractora primaria.
Con ello, el magistrado le dio el trámite de oposición conforme con el artículo 358 del Código Procesal Penal. Ahora, el fiscal general o alguno de los adjuntos tiene 10 días para acusar o ratificar el pedido del inferior.
La ujier también está acusada en los casos de la mafia de los pagarés respecto al Juzgado de Paz de la Recoleta, y en el caso del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). Incluso, había allanado su departamento en esa causa, donde hallaron varios expedientes judiciales.
