El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia hizo lugar este martes a la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y por la defensa técnica de Wilfrido Cáceres, ex jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, y su esposa Ruth Da Silva, en una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La pareja tiene la obligación de comparecer de forma trimestral entre el 1 al 5 del mes correspondiente ante el juzgado, a fin de firmar el libro de comparecencia correspondiente.
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También tiene la obligación de darse por notificado de las audiencias o citaciones que se fijen en la presente causa. Tienen que informar del cambio de domicilio y cuentan con prohibición de salida del país, sin previa autorización del Juzgado de Garantías.
Wilfrido Cáceres dialogó este martes con los medios y aseguró que en la época de la pandemia del Covid-19 (2020), que fue construida su lujosa vivienda en la ciudad de San Lorenzo, del Departamento Central, no ejercía funciones como ordenador de gastos.
“Ustedes pueden ver todos los datos de acceso a la información y no van a encontrar una sola firma mía”, dijo a la prensa, de acuerdo con un informe de NPY.
Cuando fue consultado acerca de la transferencia de la vivienda a una joven, en ese entonces de 20 años, por parte de él y su esposa Ruth Da Silva, de profesión odontóloga, dijo que el proceso se encuentra en una etapa de reserva. La compradora sería allegada a su pareja.
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El juez Rodrigo Estigarribia también fue quien admitió la imputación contra Wilfrido Cáceres, su esposa y la secretaria de su esposa, Camila Ramírez Gómez, a nombre de quien se encuentra su lujosa vivienda.
El fiscal Silvio Corbeta, a cargo de la investigación, presume que el imputado adquirió los dos terrenos y luego transfirió los mismos a una tercera persona. Por ello, formuló la imputación contra el ex asesor de la comuna asuncena por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en tanto que Da Silva y la joven presuntamente involucrada fueron imputadas por lavado de activos.