La denuncia había sido presentada por varios legisladores, quienes hablaron de supuesta lesión de confianza por la compra de estos mobiliarios para las escuelas. Se cuestionó el presunto direccionamiento y sobrefacturación, afectando a la industria maderera nacional.
En el caso, se adquirieron más de 410.000 conjuntos de mesas y sillas escolares a la firma Kamamya SA por un valor superior a los USD 32 millones, conforme con las investigaciones.
Sin embargo, tras la pesquisa, los fiscales anticorrupción Luis Piñánez García, Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres solicitaron desestimar la denuncia.
Los agentes descartaron daño económico tras pericias que validaron los precios de mercado y la entrega del 100% de los mobiliarios.
En su investigación, los fiscales señalan que no hubo perjuicio patrimonial y que los hechos denunciados no constituyen un caso penalmente relevante a los efectos de la prosecución penal.
Dicen que no se cumplen los presupuestos del hecho punible de lesión de confianza ni algún otro de aquellos tipificados por normativas del ámbito penal.
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Sostuvieron además que el 22 de enero del 2024, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, solicitó a la Itaipú Binacional la dotación de mobiliarios a instituciones educativas del sector oficial de todo el país, en concreto, la cantidad de 330.000 mesas y sillas pedagógicas.
Además, por nota del 27 de febrero del 2024, el ministro Ramírez comunicó a la Itaipú Binacional el interés en desarrollar acciones conjuntas a través de la firma de un convenio marco de cooperación entre el MEC y la Itaipú.
El 3 de abril del 2024, Justo Zacarías Irún, por la Itaipú Binacional (Paraguay); Enio Verri, en representación de la Itaipú Binacional (Brasil), y Luis Fernando Ramírez, en representación del MEC, firmaron un acuerdo de cooperación para establecer un relacionamiento entre las partes.
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Luego, por nota del 16 de mayo del 2024, dirigida a la Itaipú, el ministro Ramírez remitió su parecer favorable a los ajustes y complementos practicados a las especificaciones técnicas para la adquisición vía licitación pública de las 330.000 mesas y sillas pedagógicas.
Así, se hizo el llamado a licitación pública, para adquirir conjuntos de mobiliarios escolares. Sin embargo, la licitación debió suspenderse el 6 de agosto del 2024, para realizar ajustes en las especificaciones técnicas. Recién el 6 de noviembre de ese año se aprobaron.
En diciembre de ese año, la Itaipú lanza un llamado a subasta a la baja, para adquirir los mobiliarios. El 20 de diciembre, la firma Kamamya SA es declarada vencedora de la subasta a la baja presencial nacional por el valor de G. 248.713.974.000.
Según dicen, por el Lote Nº 1, por 157.194 mesas y sillas la Itaipú pagó G. 117.521.809.290; por el Lote 2, 171.493 mesas y sillas se abonaron G. 131.192.145.000. El aditivo 2, que equivale a 82.150 mesas y sillas G. 1.957.029.154. En total: 410.837 mesas y sillas pagadas se abonaron G. 310.670.983.444.
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Los fiscales luego realizan un resumen de las diligencias realizadas, y señalan que el valor pagado por la Itaipú Binacional por cada mesa y pupitre en promedio en el marco de la subasta a la baja presencial nacional NE 1809-24, es pertinente analizar si esta circunstancia puede ser subsumida en el hecho punible de lesión de confianza.
Resolución
Tras citar el pedido, el juez señaló que corresponde analizar el requerimiento fiscal del 9 de julio de 2026, presentado por los agentes fiscales donde piden la desestimación de la denuncia en cuestión.
Argumenta que, en este caso, el Ministerio Público sostiene que, luego de las diligencias realizadas, no se encontraron elementos que permitan afirmar la existencia de una conducta penalmente relevante.
Sobre el caso, dice que, por una parte, se cuestionó el precio pagado por Itaipú Binacional por los conjuntos de mesas y sillas adquiridos para el Ministerio de Educación y Ciencias, sosteniéndose que habría existido una importante diferencia entre el costo de importación de los bienes y el precio finalmente abonado.
Por otra parte, se planteó la sospecha de que el procedimiento de contratación habría sido direccionado a favor de la firma Kamamya SA, señalándose, entre otros aspectos, que la empresa había realizado adquisiciones de componentes antes de la publicación del llamado.
El juez cita las diligencias realizadas por el Ministerio Público, para luego hacer consideraciones sobre el caso.
Finalmente, explica que “las sospechas que motivaron inicialmente la investigación no encontraron respaldo suficiente en las diligencias posteriormente realizadas”.
Agrega que “por el contrario, se verificó la entrega íntegra de los bienes, se analizaron los costos y precios de la contratación, se efectuaron comparaciones con otras referencias de mercado y se examinaron los antecedentes del procedimiento sin que se hayan detectado elementos que permitan afirmar la existencia de un perjuicio patrimonial o de otra conducta con relevancia penal”.
Con ello, finalmente, admite el pedido de los fiscales y desestima la denuncia contra el actual director de la Itaipú Binacional.
