Rafael Filizzola, senador opositor por el Partido Democrático Progresista (PDP), posteó en su X (@FilizzolaRafael), una crítica a la decisión del Ministerio Público de desestimar la denuncia de presunta sobrefacturación.
“Un pupitre que costaba USD 20, el Estado paraguayo lo compró por USD 96, y para la Fiscalía está bien que algo se compre a casi cuatro veces su valor. ¡Miserables! Dilapidando el dinero para la educación de la niñez. No olvidemos que fue una licitación que terminó beneficiando al empresario que prestaba su avión privado a Peña para sus viajes de ocio. Usaron como excusa invertir en las escuelas, utilizando a niños y niñas como argumento para pagar favores. Esto no es un simple error de análisis. Es una decisión política de archivar una denuncia sin investigar el posible conflicto de intereses. Cuando se trata de los negocios de los amigos del presidente, Emiliano Rolón se encarga de cerrar el círculo perfecto de la impunidad”, publicó.
Medios de comunicación, en horas de la tarde del jueves, dieron a conocer que el Ministerio Público, a través de su Unidad Anticorrupción, solicitó el cierre de la causa al concluir que, a su criterio, no existió perjuicio patrimonial.
Los agentes fiscales Luis Piñánez, Luz Guerrero y Christian Benítez presentaron ante el Juzgado Penal de Garantías el pedido de desestimación de la denuncia penal que apuntaba a Justo Lucho Zacarías Irún, actual director del lado paraguayo de la Itaipú. La investigación se centraba en el supuesto hecho punible de lesión de confianza además de otros delitos.
Un pupitre que costaba USD 20, el Estado paraguayo lo compró por USD 96, y para la Fiscalía está bien que algo se compre a casi cuatro veces su valor. ¡Miserables! Dilapidando el dinero para la educación de la niñez.
— Rafael Filizzola (@FilizzolaRafael) July 10, 2026
No olvidemos que fue una licitación que terminó beneficiando… pic.twitter.com/WS1ozjDkko
La denuncia
El 17 de marzo del 2025, legisladores de la oposición presentaron una denuncia penal contra la licitación de la Binacional de Itaipú para la adquisición de 328.687 juegos de muebles escolares. La licitación fue adjudicada a la firma Kamamya SA, una empresa local que importó los muebles directamente desde China.
Según denuncias de un total de ocho legisladores, se trataría de un presunto negociado de G. 248.713.954.290 (USD 31 millones al cambio de aquel momento).
Lea más: Fiscalía pide desestimar la investigación por los pupitres chinos
Entre los posibles hechos cometidos se citan la lesión de confianza por un presunto sobreprecio que habría generado un perjuicio económico al Estado. En segundo lugar se catalogó como estafa, ya que el proveedor adjudicado (Kamamya SA y su principal accionista Long Jiang) habría contado con información privilegiada, lo que habría facilitado que quedara con el millonario contrato.
El tercer hecho denunciado es el cohecho, cohecho pasivo agravado, soborno y soborno agravado. Esto debido a que existe la sospecha de que la empresa beneficiada haya dado algún tipo de dádiva a cambio de obtener la información privilegiada del llamado. En cuarto lugar aparece la asociación criminal. Esto ante la eventual concurrencia de funcionarios dentro de Itaipú y particulares de la empresa actuando de común acuerdo para planificar y ejecutar esta defraudación.
Luego aparece como quinto hecho denunciado los documentos y declaraciones falsas. En la denuncia se citan una presunta manipulación de informes, actas o certificados oficiales. El lavado de dinero podría producirse en las facturas presentadas por la firma de ventas realizadas el 29 de noviembre, día de la publicación de la licitación, en caso de haber simulado esas ventas.
Finalmente, los últimos hechos punibles sospechados fueron contra el patrimonio de Estado, debido a que la adjudicación de pupitres se produjo a precios exorbitantes.
Los legisladores firmantes fueron los integrantes de la Bancada Democrática: Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC); Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP); Ignacio Iramain (independiente); Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, y Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Además firmaron los diputados Raúl Benítez (independiente) y Mauricio Espínola (ANR-FR).