La imputación fue admitida por el juez Rolando Duarte en relación con Efraín Alegre Irún, hijo de Efraín Alegre, titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y los dirigentes juveniles Stiben Patrón, Olga Paredes Brítez, Ramona Cantero y Fernando Cáceres, por frustración de la persecución y ejecución penal, alteración de la escena del crimen y sabotaje informático.
El caso guarda relación con la investigación del asesinato de Rodrigo Quintana, ocurrido el pasado 1 de abril de 2017 en la sede del PLRA, tras las movilizaciones del 31M, en contra de la reelección presidencial que se acordaba en el Congreso.
Además, el juez citó a todos los jóvenes para la audiencia de imposición de medidas el próximo 18 de setiembre.
Los encausados fueron imputados por la fiscala Esmilda Álvarez y fueron citados a prestar declaración ante la Fiscalía la próxima semana.
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La fiscala manifestó que “los indicios en los que se sustenta la imputación están basados en un estudio de las imágenes que pudieron ser estudiadas gracias a la causa principal (la muerte de Quintana), cuyas evidencias fueron colectadas y analizadas por peritos especializados”.
La investigadora remarcó que las imágenes del circuito cerrado e informes técnicos señalaron la participación de los imputados en la presunta adulteración.
Para la Fiscalía, este hecho es considerado grave y por ello Álvarez solicitó medidas alternativas de prisión para los encausados.
La Fiscalía sostiene que Patrón y Alegre Irún habrían intentado inutilizar varios datos almacenados magnéticamente en las CPU, con las cuales son visualizadas en las imágenes del circuito cerrado que, conforme con el horario, habría ocurrido con posterioridad al fallecimiento de la víctima, a fin de impedir el acceso a la información contenida en las mismas.
