Los encausados fueron citados para prestar declaración ante la Fiscalía la próxima semana. La imputación guarda relación con el atropello policial a la sede del partido, donde fue asesinado el dirigente Rodrigo Quintana, el 1 de abril del 2017, tras las movilizaciones del 31M, en contra de la reelección presidencial que se “cocinaba” en el Congreso.
La fiscala manifestó que “los indicios en los que se sustenta la imputación, están basados en un estudio de las imágenes que pudieron ser estudiadas gracias a la causa principal (la muerte de Quintana), cuyas evidencias fueron colectadas y analizadas por peritos especializados”.
Remarcó que las imágenes del circuito cerrado e informes técnicos señalaron la participación de los imputados en la presunta adulteración.
Álvarez solicitó medidas alternativas de prisión para los encausados.
La Fiscalía sostiene que “Patrón y Alegre Irún habrían intentado inutilizar varios datos almacenados magnéticamente en las CPU, con las cuales son visualizados en las imágenes del circuito cerrado que, conforme al horario, habría ocurrido con posterioridad al fallecimiento de la víctima, a fin de impedir el acceso a la información contenida en las mismas”.
La Fiscalía dice que ello constituye “un hecho grave”.
