De acuerdo con el balance financiero publicado en la web de la institución, al cierre del 2024, la Cajubi registraba 2.332 jubilados frente a apenas 1.599 aportantes, lo que implica una relación de 0,72 activos para 1 jubilado/pensionado, lo que confirma su condición de sistema previsional de máximo privilegio, pero con mínima base contributiva.
Según el Boletín Estadístico de Seguridad Social 2024, elaborado por el Ministerio de Trabajo, la jubilación promedio asciende a G. 22.024.338 mensuales, una cifra que se mantiene muy por encima del promedio del sistema público y del salario medio del país.
La Cajubi opera bajo la Ley 1361/88, que establece un régimen con requisitos reducidos y beneficios elevados. La normativa contempla tres tipos de jubilaciones: la ordinaria, que exige cumplir 60 años de edad y aportar al menos diez años, aunque quienes llegan a esa edad con solo doce meses de contribución deben jubilarse obligatoriamente; la jubilación extraordinaria que permite al funcionario de la Itaipú el retiro con 60 años y entre cinco y nueve años de aporte, y la jubilación por invalidez, que requiere un año de contribución si la causa no está relacionada con el trabajo, o ninguna antigüedad en caso de accidente laboral o enfermedad profesional.
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El haber jubilatorio también refleja la generosidad del régimen: la jubilación ordinaria equivale al 80% del promedio salarial de los últimos 36 meses, mientras que la extraordinaria se calcula en forma proporcional según los años de aporte. En los casos de invalidez, el monto corresponde al 80% del promedio de los últimos 12 meses de remuneración.
Además, en diciembre los jubilados y pensionados reciben un abono anual equivalente a una doceava parte de los haberes percibidos durante el año. En caso de fallecimiento del afiliado o jubilado, sus derechohabientes tienen derecho a percibir una pensión equivalente al 75% del monto que recibía o le correspondía al causante.
El régimen ofrece además otros beneficios, como un auxilio funeral equivalente a dos salarios y medio mínimos para los afiliados con al menos un año de aporte, la continuidad del servicio médico en igualdad de condiciones que los empleados activos, la portabilidad para cobrar beneficios dentro o fuera del país, y la inembargabilidad de los haberes salvo en casos de deudas con la propia Caja.
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La situación financiera de la Cajubi vuelve a instalar el debate sobre la sostenibilidad de los regímenes especiales en Paraguay. Con un déficit creciente, un número reducido de aportantes y beneficios considerablemente superiores al promedio nacional, el dinero faltante recae sobre otras instituciones estatales solventadas con dinero de la ciudadanía, aunque sea de manera indirecta.
En el caso de la Cajubi, el déficit lo cubre la Itaipú, en tanto que en el caso de la Caja Fiscal u otras como la Caja Parlamentaria o la Caja Ferroviaria, las pérdidas son pagadas por el Estado con fondos del Presupuesto General de Gastos.
