En su tarea de trabajar por el acceso a la información, la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP) ha encarado una histórica demanda internacional en contra de la Itaipú, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano principal y autónomo de la OEA. El objetivo es claro: transparentar las actuaciones de los consejeros paraguayos del Consejo de Administración.
En el año 2021, tras dos pedidos, basados en el art. 28 de la Constitución Nacional y el artículo 2, inciso 1, de la ley 5282/14, rechazados por el lado paraguayo, recurrimos ante el juez Guillermo Trovato, a modo de amparo constitucional, y éste nos dio plena razón.
Esta última situación quizás haya tomado algo desprevenidos a los representantes locales de la Binacional – que un juez actúe con justicia ante poderosos no es la regla – y empezaron a “mover sus resortes”. Dos portazos en la cara del acceso a la información, por parte de un Tribunal y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue el resultado.
¿Ustedes saben qué nos había respondido la Itaipú en su momento?
Aquí esta: “La información y los documentos de Itaipú Binacional pertenecen a la propia Entidad y, por consiguiente, no se hallan a libre disposición de terceros interesados ni de organismos estatales, más allá de las previsiones del tratado de origen”. Y añadían: “Conforme a nuestro régimen constitucional, los Tratados Internacionales están por encima de las leyes nacionales, por lo que el presente pedido de información dependerá exclusivamente del estudio, juicio y resolución de parte de las altas partes”. Declararon, a modo de un supra Estado, la inconstitucionalidad de la 5282/14 (la cual nunca habían planteado previamente) y derogaron el artículo 28 de la Carta Magna, por sí y ante sí. Tamaño atrevimiento, “solo los que se creen impunes”.
Como SCP, esto nos dejó expedita la vía de la acción internacional. Creemos que están en juego principios fundadores de la democracia, como lo son el de la legalidad, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, los cuales no pueden, bajo ningún aspecto, estar supeditados al antojo, al capricho de unos funcionarios del Estado paraguayo y, menos aún, a la voluntad de sus pares brasileños, tal como han manifestado los locales.
Además, como organización, jamás hemos consultado qué es lo que dicen los representantes del otro país, pues nuestro petitorio ha sido la cantidad de reuniones realizadas desde el 15 de agosto de 2018, orden del día y resultados, posición de cada uno de los consejeros paraguayos, el sentido de su voto y las argumentaciones de estos y, finalmente, la transmisión en vivo de las intervenciones paraguayas y conferencias de prensa posteriores. A todo esto, solo habían respondido sobre la cantidad de reuniones.
Como integrantes de la “Campaña Itaipú 2023, Causa Nacional”, entendimos que nuestra colaboración podía ser en el sentido de la generación de una participación amplia ciudadana en la elaboración de una revisión patriótica del Anexo C, pero a partir de información fidedigna, sobre la base de datos verídicos y contrastables, de tal modo a tomar conocimiento de las acciones de nuestras autoridades, generar opiniones fundadas y animar una intervención en la vida política de la República. Por las condiciones impuestas por la Itaipú, estos supuestos están vedados.
Décadas hace que, con prestigiosos estudios jurídicos apoyando (y cobrando, por supuesto), someten a vericuetos de ocultamiento a toda la población paraguaya. Construyen represas de silencio e instalan falacias como verdades máximas, con la anuncia de un Poder Judicial postrado, por caminos que solo Dios sabe – o, tal vez, el Diablo –, cuánto han costado. De manos del contexto internacional, creemos que esta vez “se hará justicia”.
Por Rubén Penayo Almada. Doctor en derecho público y periodista. Secretario general de la SCP (2019/201) y actual secretario general adjunto (2021/2023).
