El “Principio General” de la Ley Nº 5098 De responsabilidad fiscal, que cumple precisamente una década este año, es “asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, teniendo como meta resultados fiscales que no causen efectos negativos sobre la estabilidad macroeconómica, preservando el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos”. Noto mucha claridad y precisión en estas palabras, supongo que no hay lugar a dudas para antojadizas interpretaciones.
Sin embargo, al cierre del año pasado el Ministerio de Hacienda informó que “el déficit fiscal terminó el año llegando al 3% del PIB”, de acuerdo con una publicación de Última Hora del sábado pasado. Hasta ahora no comprendo cómo es que hacemos leyes simplemente para infringirlas, o eventualmente, para estar lo más cerca de su cumplimiento, lo cual es lo mismo que contravenirlas. Hay que ponernos de acuerdo y entender de una vez que violar una ley es violar una ley.
A mí la simple sustracción me indica que estamos en el doble del límite permitido. Eso no es para aplaudir. Entonces, dónde está la Contraloría General de la República, que, según la regla De responsabilidad fiscal, “en cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 281 y 283 de la Constitución Nacional velará por el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley”.
Además, la propia normativa es exacta en cuanto a las excepciones. Así, establece taxativamente que “el incumplimiento de la presente Ley por parte de los funcionarios responsables en el correspondiente nivel de la administración pública, será considerado como mal desempeño de sus funciones y se aplicarán las sanciones previstas en las disposiciones legales pertinentes”. Quisiera ver si alguna vez se concretan las penas porque hasta ahora nada.
Al mismo tiempo, la publicación de Última Hora señala que “por el lado de la deuda pública, los datos señalan que alcanzó el 36,8% del PIB”. De nuevo, estaría asustado si de cada millón de guaraníes que gano tuviera que pagar prácticamente G. 370.000 solamente por deudas. Es que sucede que también tengo que comer, moverme para trabajar, pagar servicios básicos y no tan básicos, y la verdad que para el tan necesario ocio ya ni creo que alcance. ¿Serán las deudas una de las razones de la oleada de problemas mentales actuales? Particularmente opino que la locura puede atacar cuando nos lleva a situaciones límite, donde ya no podemos reflexionar adecuadamente sobre las acciones encaradas. Pero el Estado no tiene esa posibilidad, el Estado debe ser solvente, cuerdo, contando con los mejores administradores de un país, poniendo el máximo celo y cuidado con los recursos públicos y ofrecer servicios de calidad. Utopía dirían algunos.
Por si fuera poco, “el año 2022 cerró histórica inflación acumulada de 8,1%, la más alta en década y media”, según datos del Banco Central del Paraguay. Pienso que este dato lo sentimos muchos. El dinero no vale lo que valía, cada vez tenemos que hacer más para tener lo mismo, pagar más por lo mismo, y la sensación también nos grita que las subas en los personales ingresos no se ajustan a la escalada de precios de los productos y servicios. Es decir, nos estamos empobreciendo o trabajando mucho más para llegar hasta fin de mes.
No obstante, no se preocupe que no está todo mal, hay administradores del Estado que hacen bien su trabajo para cumplir con la responsabilidad fiscal. ¡Qué va! “¡Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico!”, diría Homero Simpson.
Por eso, prestemos atención especialmente cuando vayamos a votar en abril, exijamos propuestas que apunten a la responsabilidad fiscal, a la prestación de servicios públicos excelentes. No puede tolerarse el incumplimiento de la ley. Observemos también cuidadosamente, por ejemplo las negociaciones en torno a Itaipú, miremos escrupulosamente las acciones de los administradores de la cosa pública, en fin, demandemos lo mejor para el país, por favor.
