Desde el año 2008 se registró un incremento progresivo del presupuesto de la previsional para la seguridad privada. En algunos casos hubo una ejecución del 80% y en otras administraciones fue solo del 18%.
Según datos de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta, el monto que se presupuestó para este rubro en 2008 fue de G. 9.893.021.331, mientras que en 2018 se asignó G. 80.601603.707 y para el ejercicio 2019 se estipuló un presupuesto de 100.163.782.792, un 912% más que el aprobado 11 años atrás.
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Para el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, los montos revelados dejan en evidencia que la seguridad privada forma parte de un “esquema de negociado” en la previsional, que abarcó a diferentes administraciones.
“No quiero ser injusto con el presidente actual de IPS. Esto empezó en 2008. Y muestra cómo a pasos agigantados creció este tema de la seguridad privada. No hay camas, no hay medicamentos, la gente muere de cáncer, mientras se gastan millones para este rubro. Esto es irrazonable”, dijo Buzarquis a Última Hora.
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Salyn Buzarquis señaló que su correligionario, el senador Dionisio Amarilla, “llamativamente” siempre formó parte de la Comisión de Presupuesto. El legislador está implicado en un presunto esquema de irregularidades vinculadas a una licitación para el rubro seguridad en IPS.
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IPS estaba por finalizar el proceso para adjudicar nuevamente a la empresa SST el servicio de seguridad de 120 establecimientos a nivel nacional y de un parque sanitario, que tiene alrededor de USD 20 millones en medicamentos y oficinas administrativas que reciben valores. La operación fue cancelada por orden del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tras denuncias en los medios.
Luego de que el caso saliera a la luz, IPS alegó una “dependencia tecnológica” con la empresa encargada de la seguridad de los establecimientos, ya que la firma es la única compatible con la tecnología que utilizan para el monitoreo.
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Dionisio Amarilla, la productora y consultora María Luz Peña y Óscar Chamorro, uno de los directivos de la empresa de seguridad Security Service Tecnology, supuestamente, intentaron parar una investigación sobre las irregularidades en la licitación, con un pago de G. 40 millones a un periodista.
Luego de esta polémica, legisladores de Patria Querida, Partido Democrático Progresista (PDP), Partido Hagamos y el liberal Salym Buzarquis firmaron el proyecto de resolución de pérdida de investidura del senador Amarilla. El tema no pudo analizarse este jueves, ya que no hubo cuórum.
