La agente fiscal Vanesa Candia inició una investigación contra policías por lesión corporal en el ejercicio de sus funciones públicas, tras un asalto con toma de rehén registrado el pasado 25 de setiembre, en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.
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Uno de los asaltantes resultó muerto durante el enfrentamiento con efectivos policiales, mientras que otros cuatro fueron detenidos.
El testigo, de nombre Enrique Miguel Melgarejo Quiñónez, declaró ante la Fiscalía que se encontraba en el local comercial realizando compras junto a su esposa, de nombre Susana Elizabeth Acosta Noguera, quien no se sintió bien y terminó aguardando en el automóvil.
Melgarejo agregó que los tres hombres armados ingresaron momentos después al lugar para robar y que, tras la llegada de los efectivos policiales, los malvivientes se escondieron en la parte posterior del local.
Posteriormente, detalló que recibió una llamada telefónica de su esposa y decidió salir junto a ella, momento en el que fue interceptado por dos policías de civil, quienes le apuntaron y lo subieron a una patrullera, pese a explicarles que su esposa le esperaba en el auto y que era solo un cliente.
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Una vez en la patrullera, contó que otros dos efectivos subieron al vehículo y empezaron a golpearlo, por alrededor de cinco minutos, en el rostro, el pecho y el hombre, interrogándolo en todo momento por el asalto.
Entre otras cosas, manifestó que los agentes intentaron subirlo a otro vehículo, pero que se resistió, por lo que lo golpearon contra el rodado, mientras que su esposa se percató de la situación e intentó explicarles a los agentes la situación.
No obstante, fue llevado de igual manera hasta la base de Investigación de Delitos de la Policía Nacional y posteriormente liberado gracias a la intervención de sus abogados.
La supuesta víctima del hecho declaró que no conoce a sus agresores, pero que los reconocería en caso de verlos nuevamente.
La fiscala solicitó al director de la Policía de Alto Paraná la nómina de los agentes de Investigación de Delitos, Grupo Especial de Operaciones (GEO), Grupo Lince y comisarías aledañas y otras reparticiones policiales.
La investigación fiscal será remitida a la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado.
