La Cámara de Diputados tuvo la misma consideración que el Senado con respecto a extender el plazo para el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Investigación o “comisión garrote”.
Este martes se sancionó el proyecto de resolución por el cual se le otorga una vigencia por otros 60 días hábiles, a fin de continuar con la búsqueda de sus pesquisas.
La diputada oficialista Rocío Abed solicitó a sus colegas la aprobación; mientras que el disidente Mauricio Espínola se opuso a la prórroga porque es una “comisión de venganza” que “desprestigia” la imagen del Congreso Nacional.
La extensión del mandato se aceptó pese a los cuestionamientos que pesan sobre el actuar de los integrantes de la CBI, compuesta íntegramente por parlamentarios cartistas y aliados claves como Dionisio Amarilla.
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Una de las principales críticas a la CBI guarda relación con la filtración y divulgación de datos privados de trabajadores de las oenegés, a fin de someterlos al escrutinio mediático y de odio impulsado por hurreros cartistas y trolls en las redes sociales.
A esta persecución, según denuncian las ONG y figuras opositoras, se le suma la reciente promulgación de la ley anti-ONG alegando una supuesta intención de “transparentar” los fondos, sean públicos o privados.
Otro cuestionamiento que se hace al actuar de los parlamentarios es que, antes de iniciar la investigación, ya se prejuzgó a empresas y personas, además de trabajar sobre una hipótesis trazada por el oficialismo, que sostiene que las ONG interfieren en las políticas públicas.
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La justificación de esta prórroga se sostiene en la realización de visitas in situ a algunas instituciones, que ya se iniciaron la semana pasada con la constitución de la CBI en un predio del Instituto de Previsión Social, donde presuntamente hubo daño patrimonial por la no ejecución de obras en el gobierno de Mario Abdo Benítez.
La CBI podrá operar por 60 días más y luego deberá publicar un informe concluyente sobre sus investigaciones, que “no serán vinculantes para los tribunales ni menoscabarán las resoluciones judiciales”, según establece el artículo 195 de la Constitución Nacional.
